La iniciativa de Sheinbaum prevé multas a concesionarios de Radio y Televisión por propaganda política extranjera
Multas que oscilan entre el 2% y el 5% de los ingresos totales del concesionario, programador o plataforma digital.
CDMX.— La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Senado una iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que prohíbe a los concesionarios de radio, televisión y servicios de audio restringido transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, con la excepción de contenidos destinados a la promoción turística o cultural. La propuesta, que modifica el artículo 210, establece sanciones económicas significativas para quienes incumplan: multas que oscilan entre el 2% y el 5% de los ingresos totales del concesionario, programador o plataforma digital.
La iniciativa surge en respuesta a la reciente difusión en canales mexicanos de televisión abierta de anuncios protagonizados por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien advierte a migrantes indocumentados que abandonen el país bajo amenaza de deportación y la prohibición de reingreso. Estos mensajes, percibidos como propaganda política extranjera, han generado controversia en México, un país con una larga historia de sensibilidad ante intervenciones externas en su soberanía mediática.
"Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural".
El gobierno mexicano argumenta que la reforma protege la integridad del espectro radioeléctrico nacional, un recurso público regulado por el Estado. Sin embargo, la medida también refleja un intento por contrarrestar narrativas extranjeras que puedan influir en la opinión pública, especialmente en un contexto de tensiones bilaterales con Estados Unidos en temas migratorios.
El artículo 210 propuesto establece una prohibición clara: los concesionarios no podrán transmitir mensajes de gobiernos o entidades extranjeras que promuevan agendas políticas, ideológicas o comerciales. La excepción para la promoción turística o cultural busca equilibrar la apertura a la cooperación internacional con la protección de la soberanía mediática. No obstante, la ambigüedad en la definición de "propaganda" podría generar interpretaciones discrecionales, lo que plantea riesgos para la libertad de expresión y la claridad regulatoria.
"Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural".
Las multas propuestas, que van del 2% al 5% de los ingresos totales, representan un mecanismo disuasorio severo. Para empresas como Televisa o Grupo Radio Centro, cuyos ingresos anuales ascienden a miles de millones de pesos, una sanción de este tipo podría traducirse en pérdidas multimillonarias. Esto podría incentivar el cumplimiento, pero también generar cautela excesiva entre los concesionarios, quienes podrían evitar cualquier contenido extranjero por temor a sanciones.
"Se sancionará con multa por el equivalente de 2% hasta el 5% de los ingresos del concesionario, autorizado, programador, o plataforma digital por incumplir la prohibición de publicidad establecida en el artículo 210 de la ley".
La iniciativa refleja una postura nacionalista que prioriza el control del Estado sobre los contenidos mediáticos, pero no está exenta de críticas. Por un lado, la prohibición puede interpretarse como una medida legítima para proteger la soberanía y evitar la injerencia extranjera en un contexto de polarización global. Por otro, la falta de precisiones en la redacción del artículo 210 podría derivar en una aplicación selectiva de la ley, lo que abriría la puerta a la censura indirecta o a conflictos con tratados internacionales, como el T-MEC, que promueve la libre circulación de contenidos digitales.
Además, el enfoque punitivo de la reforma contrasta con la ausencia de estrategias proactivas para fortalecer la producción de contenidos nacionales o contrarrestar narrativas extranjeras mediante el diálogo público. En un entorno mediático dominado por plataformas digitales globales, la efectividad de la reforma podría ser limitada si no se acompaña de regulaciones específicas para servicios como YouTube o redes sociales, donde la propaganda extranjera también encuentra eco.
La aprobación de esta reforma dependerá del debate en el Senado, donde Morena, el partido gobernante, cuenta con mayoría, pero enfrenta oposición de sectores que podrían cuestionar su impacto en la libertad de expresión y la competitividad del sector telecomunicaciones. Asimismo, la implementación requerirá un fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para garantizar una supervisión imparcial y transparente.