La justicia a la deriva: Jueza electa por el pueblo que niega el derecho a la voz, genera críticas por su manejo del procedimiento
El video de la jueza Carla Liliana González Infante, parte de la nueva reforma judicial, ha desatado controversia por su decisión de cerrar el debate y rechazar documentos
CDMX.- En un video que ha generado controversia en redes sociales, la jueza Carla Liliana González Infante, electa recientemente como parte de la controvertida reforma judicial en México, se ve envuelta en un episodio que cuestiona la imparcialidad y el profesionalismo de los nuevos jueces elegidos por voto popular. Durante una audiencia virtual, González Infante negó el uso de la voz a una de las partes involucradas y rechazó entregar una copia certificada de un documento, decisiones que han sido ampliamente criticadas por abogados, activistas y ciudadanos.
El video, muestra a González Infante interrumpiendo repetidamente a un participante, argumentando que el debate ya había sido cerrado. “Ya se cerró el debate y ya resolví; señor diputado, ¿alguna otra petición?”, dice la jueza, en un tono que muchos consideran autoritario y poco receptivo a los argumentos legales. Esta actitud contrasta con la promesa de la reforma judicial de acercar la justicia a la ciudadanía y garantizar un sistema más transparente y accesible.
González Infante, quien antes era maestra de gastronomía, llegó al poder judicial gracias a un proceso electoral que ha sido cuestionado por su falta de rigor profesional. Su trayectoria, lejos de los estándares tradicionales de formación jurídica, ha generado dudas sobre la capacidad de los nuevos jueces para manejar casos complejos. La reforma, impulsada por el gobierno de López Obrador, buscaba democratizar el poder judicial, pero casos como este plantean serias interrogantes sobre si esta democratización no ha sacrificado la calidad y la independencia judicial.
El episodio no es aislado. Desde la implementación de la reforma, han surgido múltiples críticas sobre la preparación de los nuevos jueces y la influencia de factores políticos en su elección. La Asociación Internacional de Abogados (IBA) ha expresado su preocupación por el potencial de estas elecciones para exponer al poder judicial a influencias externas, incluyendo grupos delictivos organizados.
Este caso de González Infante no solo refleja las fallas de la reforma, sino también las consecuencias prácticas para los ciudadanos que dependen de un sistema judicial funcional. Negar el derecho a la voz y a la documentación es un golpe directo a los principios básicos de un juicio justo. Mientras tanto, la confianza en el poder judicial sigue erosionándose, y con ella, la certeza jurídica que tanto necesita México para atraer inversión y garantizar la paz social.
La pregunta que queda en el aire es si este es un caso aislado o un síntoma de un sistema judicial que, en su intento por ser más democrático, ha perdido su esencia: la justicia imparcial y basada en la ley.