CDMX.- A un año de que entró en funciones el nuevo Poder Judicial, el discurso de la “justicia del pueblo” choca con la cuenta de las empresas. El 1 de octubre, Coparmex presentó la primera medición de su Monitor Judicial: entre 3,721 socios de sus 71 centros, 67.8% reporta un impacto negativo de la reforma en decisiones de inversión o expansión y solo 3.6% ve algún efecto positivo. El 28.8% ya recortó o aplazó proyectos; otro 38.9% invierte con más cautela. No es un titular de oposición: es el propio gremio midiendo cómo reacciona su base.
El dato más revelador no es el freno, sino el costo de cubrirse. El 55.9% dice que bajó la certidumbre sobre propiedad, contratos y amparo; apenas 3.3% percibe una mejora. El 80.8% ya cambió o estudia cambiar su blindaje jurídico —contratos, arbitraje, seguros, litigio— y 46.3% ya lo hizo. Juan José Sierra Álvarez puede exagerar el alcance, y la encuesta no calcula cuántos millones se quedaron fuera ni aísla la reforma de otros riesgos. Aun así, cuando casi tres de cada diez firmas posponen obra y ocho de cada diez reescriben su defensa legal, el mensaje es otro: el voto popular a jueces no abarató la justicia; encareció la desconfianza.
El gobierno puede descalificar a Coparmex como patrón alarmista. El problema es que la promesa política se vendió como limpieza del Poder Judicial y, en la práctica, quien genera empleo formal ya está cotizando el riesgo de un juez electo, un amparo más incierto y un contrato más difícil de hacer valer. Si la reforma era para acercar la justicia a la gente, el primer año dejó un saldo más prosaico: más cautela, menos proyectos y un Estado de derecho que las empresas ya no dan por sentado.