Chihuahua.- La Auditoría Superior de la Federación observó, en la cédula de resultados de la Cuenta Pública 2023, que Liconsa —ahora rebautizada Leche para el Bienestar— pagó 1,106 millones de pesos en Chihuahua a 750 supuestos pequeños y medianos productores sin una sola boleta de recepción, ticket de báscula o dictamen de laboratorio que acreditara la entrega de la leche. El contrato principal lo administró Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora con licencia Andrea Chávez (Morena) y entonces gerente estatal, quien reconoció ante los auditores que “Liconsa no participó en la recepción de la leche”. El producto, según el propio expediente, se acopiaba en centros privados de intermediarios que después repartían las facturas.
La misma revisión documentó pagos a personas ya fallecidas (uno recibió casi un millón después de morir en febrero de 2023), transferencias del 98.7 % de lo cobrado por cuatro proveedores hacia una sola empresa vinculada a ellos, y millones de litros cuyo destino no pudo acreditarse. En Coahuila la ASF observó otros 112.8 millones por falta de pruebas de recepción. El gobierno respondió que el Informe Individual posterior solventó casi todo con documentación entregada después y que las cédulas eran preliminares; para los muertos alegó un “periodo de gracia” a familiares. Mientras tanto, productores reales de Chihuahua denuncian recortes del 40 % en la compra de su leche por “ajuste presupuestal”.
El patrón es el de siempre: se coloca al hermano en la caja del programa “para el bienestar”, la leche se desvanece en papeles y empresas relacionadas, y cuando la auditoría llega se aclara todo a destiempo. El dinero público destinado a los más pobres termina funcionando como red de intermediarios y familiares, mientras los verdaderos ganaderos tiran leche y los consumidores siguen esperando el vaso que prometió la 4T. Nepotismo, opacidad y la misma impunidad de siempre, ahora con otro nombre.