La ley REAL ID: un estándar de seguridad con implicaciones prácticas y cuestionamientos pendientes
La ley surge en un contexto de preocupación por la seguridad nacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001
EU.- La ley REAL ID, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2005 tras las recomendaciones de la Comisión del 11-S, busca estandarizar la seguridad de las identificaciones estatales, como licencias de conducir y tarjetas de identidad, para reforzar la protección en instalaciones federales y viajes domésticos. A partir del 7 de mayo de 2025, esta normativa exigirá que los ciudadanos presenten identificaciones que cumplan con los estándares REAL ID para abordar vuelos comerciales, ingresar a edificios federales o visitar instalaciones sensibles como plantas nucleares. Sin embargo, la implementación de esta ley, que lleva casi dos décadas gestándose, plantea tanto beneficios como desafíos prácticos y éticos que merecen un análisis crítico.
La ley surge en un contexto de preocupación por la seguridad nacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La Comisión del 11-S señaló que la facilidad para obtener identificaciones fraudulentas facilitó los ataques, lo que llevó al Congreso a establecer estándares más rigurosos. REAL ID no crea una identificación nacional, sino que obliga a los estados a emitir documentos con medidas de seguridad uniformes, como marcas visibles (estrellas o figuras específicas) y datos verificables. Actualmente, todos los estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios de EE.UU. están preparados para emitir estas identificaciones, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
¿Qué implica para los ciudadanos?
El proceso para obtener una REAL ID es relativamente sencillo pero varía por estado. Los solicitantes deben presentar documentos que acrediten identidad, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, residencia y estatus legal. Aunque el DHS asegura que el trámite es accesible, la carga administrativa puede ser un obstáculo para poblaciones vulnerables, como inmigrantes, personas de bajos ingresos o aquellos sin acceso a documentos originales. Además, las licencias de conducir mejoradas (EDL), emitidas solo en Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, son una alternativa válida que también permite cruces fronterizos terrestres a Canadá y México, algo que las REAL ID no contemplan.
A partir de mayo de 2025, no contar con una REAL ID o EDL limitará el acceso a vuelos domésticos y ciertas instalaciones federales. Esto no aplica a menores acompañados, pero sí refuerza la dependencia de un sistema de identificación estandarizado, lo que genera preguntas sobre la privacidad y el alcance del control gubernamental.
Si bien la ley busca fortalecer la seguridad, no está exenta de críticas. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han advertido que REAL ID podría facilitar la vigilancia masiva al centralizar datos personales en bases accesibles por agencias federales. Además, la obligatoriedad de presentar documentos que acrediten estatus legal podría marginar a comunidades indocumentadas o con acceso limitado a registros oficiales. Otro punto de preocupación es la carga financiera y logística para los estados, que han invertido millones en actualizar sistemas y capacitar personal desde 2005, costos que a menudo se trasladan a los ciudadanos mediante tarifas.
Por otro lado, la ley no sustituye el pasaporte para viajes internacionales ni para cruces fronterizos, lo que limita su utilidad práctica y genera confusión. La aceptación de documentos alternativos por parte de agencias federales, como tarjetas de identificación tribal o militares, también carece de claridad en la normativa, lo que podría generar inconsistencias en su aplicación.
La ley REAL ID es un intento de equilibrar seguridad y practicidad, pero su implementación enfrenta retos significativos. Mientras el DHS promueve el cumplimiento, los ciudadanos deben navegar un sistema que, aunque estandarizado, no está exento de barreras burocráticas y dilemas éticos. A medida que se acerca la fecha límite, es crucial que las autoridades intensifiquen la comunicación y garanticen que el proceso sea inclusivo. Sin una evaluación crítica de su impacto, REAL ID corre el riesgo de convertirse en una medida más restrictiva que protectora.