CDMX.- Ricardo Anaya volvió a exigir la detención y, en su caso, la extradición a Estados Unidos de Rubén Rocha Moya. El coordinador del PAN en el Senado fue claro: la licencia indefinida que le acaba de aprobar el Congreso de Sinaloa no lo saca del expediente. Lo que hay sobre la mesa no es un rumor de oposición. En abril de 2026 un gran jurado en Nueva York formalizó acusaciones por presuntos vínculos con Los Chapitos, una jueza federal giró orden de aprehensión y Washington pidió por escrito la detención provisional con fines de extradición. México respondió que no había elementos suficientes. Rocha se ausentó 112 días, regresó el 21 de agosto proclamando “frente limpia” porque la FGR no lo procesó y, 34 horas después, pidió otra licencia indefinida cuando Sheinbaum y su partido se deslindaron.
Anaya acusa a Morena de proteger a funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos nexos con el crimen organizado y no descartó que la pelea interna del partido termine rozando a Andrés Manuel López Obrador en investigaciones de Estados Unidos. Eso último es hipótesis, no imputación. Lo que sí está documentado es el patrón: el gobierno federal sostiene que faltan pruebas; Washington insiste en el tratado de extradición y en un plazo de 60 días tras una detención provisional que México no ejecuta. En paralelo, han caído en EU personas del entorno sinaloense, entre ellas un exsecretario de Seguridad de Rocha y un exfuncionario detenido con decenas de miles de pastillas de fentanilo. La licencia sirve para eludir el costo político; no cierra el caso.
El espectáculo es cínico por los dos lados. Morena se rasga las vestiduras por la soberanía mientras un gobernador entra y sale del cargo según el termómetro de Palacio y de las redes. El PAN exige cárcel y desaparición de poderes en Sinaloa con un coordinador que también carga expedientes propios y años fuera del país. Mientras tanto, Sinaloa sigue sin respuesta institucional de fondo: ni detención, ni extradición, ni un corte limpio con la sospecha de que el poder estatal y el narco se tocaron. Hablar de “transformación” con un mandatario con licencia, acusación en Nueva York y gabinete salpicado no es política. Es tapar el agujero con un oficio del Congreso.