EU.- Diez meses después de que Washington le quitó la visa a Carlos Torres Torres, el exesposo de la gobernadora de Baja California, la casa de 7910 Nathaniel Court, en The Crosby, Rancho Santa Fe, cambió de manos. INTL Builders, de Fernando Salgado Chávez, la había comprado en noviembre de 2023 en 3.995 millones de dólares y la vendió el 10 de marzo de 2026 en 4.25 millones. El comprador metió una hipoteca convencional por unos 3.18 millones, el 75% del precio. Marina del Pilar Ávila fue fotografiada en esa residencia; el inmueble nunca estuvo a su nombre. El 29 de septiembre, la OFAC colocó a Torres —y a su hermano Luis Alfonso— en el centro de lo que el Tesoro llama una trama de narcocorrupción ligada a Los Rusos, célula de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, y precisó que la visa se le revocó en mayo de 2025 por esa afiliación. A ella no la sancionaron.
El gobierno estatal respondió con el libreto de siempre: divorcio legal desde noviembre de 2025, único vínculo el hijo, cero cuentas y cero bienes en el extranjero, patrimonio declarado en México. Dijo haber salido en 2023 de Vida Orgánica Tijuana, empresa que sí cayó en la lista, y ordenó revisar contratos. El hueco es otro. Una mandataria a la que Estados Unidos ya le canceló la visa convive en actos públicos con empresarios que luego aparecen sancionados, deja sociedades que terminan en la lista y asegura no tener nada del otro lado mientras una residencia de más de cuatro millones, asociada a su círculo, se revende justo en la ventana entre la cancelación de visas y el bloqueo de su exesposo. Negar la titularidad no borra la proximidad.
Simón Levy subió el volumen: fideicomiso fraudulento, prestanombres, dos testigos protegidos, dinero de la red recién bloqueada, denuncia ante el Tesoro, decomiso sin condena y orden de aprehensión internacional. Nada de eso está probado en un registro público ni en un comunicado de Washington. Lo que sí está en su propio hilo es la oferta de llevarse el 40% de lo que recaude la denuncia, con link de pago. La opacidad del círculo de Marina del Pilar es real y está documentada. Convertirla en sentencia, y de paso en negocio, es otra cosa.