La nueva estrategia electoral de la 4T y Morena: uso de procesos judiciales contra gobernadores de oposición rumbo al 2027
La oposición domina los primeros lugares de aprobación de gobernadores (Coahuila, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León).
Análisis.— La activación de citatorios de la FGR contra Maru Campos —por la presunta presencia de agentes extranjeros en operaciones de seguridad— y las investigaciones por presunto desvío de recursos y triangulaciones millonarias contra Samuel García no son meras coincidencias temporales. Esta aproximación, que mezcla narrativa de “rendición de cuentas” con presión política, busca debilitar a los principales bastiones opositores y a sus posibles figuras nacionales. Sin embargo, conlleva un riesgo claro de bumerán: al victimizar a la oposición, Morena podría fortalecer la narrativa de persecución política de la oposición, consolidar su base y generar simpatía entre electores independientes. Al mismo tiempo, expone a Claudia Sheinbaum al retrato de una presidenta autoritaria que, en lugar de construir consensos, utiliza las instituciones del Estado para eliminar competencia, erosionando aún más su imagen de intolerante.
La Cuarta Transformación (4T), bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum y Morena, ha consolidado un dominio territorial significativo en México. Morena gobierna directamente o a través de aliados en 23 de las 32 entidades federativas, mientras que la oposición —principalmente PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC)— controla un número reducido de estados clave.
Esta hegemonía se enfrenta a un reto en las elecciones de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas. Morena ha señalado explícitamente su intención de conquistar bastiones opositores como Chihuahua y Nuevo León. En este contexto emerge una estrategia que combina narrativa política, presión mediática y activación de expedientes judiciales contra mandatarios de oposición.
Los casos emblemáticos: Chihuahua y Nuevo León
Chihuahua, gobernado por la panista Maru Campos es uno de los focos principales. Campos enfrenta investigaciones y citatorios relacionados con presunta colaboración o permisividad ante la presencia de agentes extranjeros (estadounidenses) en operaciones de seguridad, así como cuestionamientos por la violencia en el estado. Críticos desde Morena la han calificado de “delincuente confesa” en debates sobre soberanía nacional y han impulsado citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR).
La gobernadora ha respondido denunciando persecución política, argumentando que se trata de un ataque por su combate al crimen y que no se respeta su fuero constitucional. El caso ha generado tensiones en el Senado y ha sido comparado con situaciones en estados morenistas como Sinaloa (Rubén Rocha Moya).
Nuevo León, bajo el emecista Samuel García, representa otro frente. García enfrenta acusaciones de presunto desvío de recursos públicos (incluyendo triangulaciones por mil millones de pesos), lavado de dinero y uso indebido de recursos en procesos electorales. El Congreso local (donde Morena y aliados tienen influencia) ha avanzado juicios políticos en su contra, y la FGR mantiene investigaciones abiertas.
Estos expedientes no son nuevos, pero su reactivación o visibilización coincide con el ciclo electoral 2027, cuando Morena busca capitalizar el desgaste de figuras como García (quien ha coqueteado con ambiciones nacionales) o su sucesión.
Otros estados gobernados por la oposición
PAN
Aguascalientes (Tere Jiménez, alta aprobación)
Chihuahua (Maru Campos)
Guanajuato (Libia Dennise García)
Querétaro (Mauricio Kuri, también bien evaluado).
MC
Nuevo León (Samuel García)
Jalisco (Pablo Lemus).
PRI
Coahuila (Manolo Jiménez, líder en rankings de aprobación).
Durango (Esteban Villegas).
Estos estados, especialmente los del norte y Bajío, destacan en evaluaciones ciudadanas: la oposición domina los primeros lugares de aprobación de gobernadores (Coahuila, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León).
Morena parte con ventaja en la mayoría de las 17 gubernaturas en disputa 2027, pero necesita neutralizar estos bastiones para evitar que la oposición mantenga un contrapeso territorial y económico relevante.
¿Lawfare electoral o rendición de cuentas?
Esta estrategia presenta riesgos institucionales graves. Por un lado, es legítimo investigar actos de corrupción, desvío de recursos o violaciones a la soberanía. México ha padecido impunidad histórica, y gobernadores de todos los colores han sido señalados (incluyendo morenistas). La activación de la FGR y congresos locales puede interpretarse como un esfuerzo por combatir la corrupción.
Sin embargo, el timing —coincidiendo con el debilitamiento de figuras opositoras y el ciclo preelectoral— genera la percepción de lawfare (uso político del derecho). Esto erosiona la confianza en las instituciones judiciales, especialmente tras la reforma judicial de 2024-2025, que ha aumentado la percepción de politización del Poder Judicial.
Ventajas para Morena:
Debilitamiento de posibles candidatos fuertes (García, Campos).
Narrativa de “limpieza” contra la “oposición corrupta”.
Consolidación territorial en el norte industrial, clave para nearshoring y economía.
Desventajas y riesgos:
Polarización y victimización de la oposición, que puede movilizar a su base.
Desgaste de Sheinbaum si se percibe como autoritarismo.
Posible efecto contraproducente en estados donde la oposición tiene buena evaluación ciudadana (Bajío y norte).
Precedente peligroso: mañana podría usarse contra cualquier disidente.
Conclusión
La “nueva estrategia” de Morena no es necesariamente novedosa —gobiernos previos (PRI y PAN) también usaron herramientas judiciales contra adversarios—, pero adquiere mayor escala en un contexto de hiperdominio morenista. Chihuahua y Nuevo León son casos testigo de una lógica donde lo judicial se entremezcla con lo electoral.
Para que esta aproximación fortalezca la democracia, los procesos deben ser transparentes, con pruebas sólidas y respetando el debido proceso, sin selectividad temporal. De lo contrario, se consolidará la percepción de un régimen que utiliza el aparato del Estado para eliminar competencia, lo que a largo plazo debilita la legitimidad institucional y la alternancia real. México necesita rendición de cuentas genuina, no selectiva ni oportunista. El 2027 será un termómetro clave de hacia dónde se dirige el sistema político mexicano.