CDMX.- México cayó al puesto 125 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project, con una calificación de 0.39 y un retroceso del 2.7 % respecto a 2025, cuando ocupaba el 121. Es el cuarto país con mayor caída anual y el descenso se acumula de forma sostenida desde hace años. En justicia penal quedó en el lugar 139 de 143 (casi el fondo), en ausencia de corrupción en el 135 y en orden y seguridad en el 132. Solo en América Latina y el Caribe se ubica en el 28 de 32; entre economías de ingreso medio-alto, en el penúltimo lugar (43 de 44).
El informe documenta exactamente lo que la reforma judicial de 2024-2025 —elección popular de jueces, remoción masiva de juzgadores y debilitamiento de contrapesos— estaba destinada a producir: mayor injerencia del Ejecutivo, menos límites al poder y deterioro de la independencia judicial. El World Justice Project señala que las prácticas autoritarias se han consolidado y que la presión indebida sobre el sistema de justicia es uno de los principales motores del retroceso, junto con caídas en libertad de expresión y participación ciudadana. Lo que se vendió como “democratización” y combate a la corrupción entregó el resultado opuesto: un sistema penal entre los peores del planeta y una judicatura más expuesta a la captura política.
No se trata de un accidente ni de un ranking “sesgado”. Es la consecuencia previsible de haber subordinado la carrera judicial al voto y a las mayorías del momento, en un país donde la violencia, la impunidad y la debilidad institucional ya eran graves. La promesa de “justicia popular” se traduce, en los datos, en menos garantías, más corrupción percibida y un Estado de derecho que sigue cayendo. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en el éxito; los números no.