Culiacán.- Vicente Fox llegó a Culiacán el 8 de octubre y soltó la frase que ya circula en redes: que la “reina” Claudia Sheinbaum llevó a Ernesto Ruffo a la cárcel para salvar el pellejo de Marina del Pilar. Suena a consigna de mitin, no a prueba. Ruffo fue detenido el 16 de julio de 2026, vinculado a proceso por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, y la Fiscalía lo señala como accionista de Ingemar, empresa ligada a la introducción de combustible desde Texas en ferrotanques con volúmenes declarados por debajo de lo real. El caso salió del aseguramiento de cargamentos en Coahuila, no de un tuit de Palacio. Estuvo más de dos meses en el Altiplano y el 26 de septiembre un juez le cambió la medida a prisión domiciliaria en Ensenada por edad —74 años— y padecimientos cardiacos. Sigue imputado, con Guardia Nacional en la puerta y sin pasaporte. Eso no es libertad ni persecución inventada: es un proceso abierto.
El problema de la versión de Fox es el calendario. Cuando detuvieron a Ruffo, el escándalo de Marina del Pilar todavía no estallaba en los términos actuales. El Departamento del Tesoro sancionó a finales de septiembre a su exesposo, Carlos Torres Torres, por presunta facilitación al Cártel de Sinaloa; ella no aparece en la lista de la OFAC, se divorció y se deslindó. El 5 de octubre el PAN denunció a la gobernadora ante la FGR por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, lavado y otros cargos, con audios y la empresa Vida Orgánica como antecedentes. Son señalamientos graves, no sentencias. Usarlos para decir que Sheinbaum “ordenó” el caso Ruffo es saltarse la evidencia ministerial y convertir en cortina de humo un expediente que la Fiscalía ya documentó con datos de prueba.
Lo que sí queda en pie, y duele más que el discurso de Fox, es la asimetría. Un exgobernador panista de 74 años enfrenta prisión preventiva por huachicol fiscal; la gobernadora morenista de la misma entidad, rodeada de sanciones estadounidenses a su círculo íntimo y de una denuncia formal, sigue en el cargo sin una orden de aprehensión comparable. Fox no presenta el audio, el oficio ni el testigo que demuestre la orden presidencial. Solo recicla la vieja sospecha de justicia selectiva. Mientras la FGR no explique con la misma prisa por qué un expediente avanza y el otro se queda en denuncia, la acusación del expresidente seguirá siendo ruido político sobre un caso que, por ahora, se sostiene en el juzgado y no en el mitin.