CDMX.- Guadalupe Taddei dejó la presidencia del Instituto Nacional Electoral el 26 de octubre, formalizada ante la Cámara de Diputados, después de que reportajes de Reforma y Latinus, videos y la apertura de una investigación de oficio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hicieran insostenible su permanencia. Las acusaciones apuntan a una red de proveedores encabezada por José Alfredo Hernández Casillas (Cajas Graf, Corporativo ZEG y empresas vinculadas) que obtuvieron contratos por cientos de millones —incluidos cerca de 198 millones en 2024 para material electoral— con indicios de conflicto de interés, simulación de competencia y triangulación de recursos. Varios de los implicados (un supuesto chofer que figuraba como apoderado legal, el director de Administración y otros cercanos) fueron colocados o relacionados durante su gestión; los nexos se remontan a su paso por el instituto electoral de Sonora. La ASF señaló indicios de irregularidades, colusión y posibles daños al erario; la Unidad de Inteligencia Financiera ya investigaba a varias de esas firmas.
La salida no ha apagado el fuego. El consejero Arturo Castillo calificó la red de corrupción atribuida a Taddei como “una crisis de carácter histórico y de dimensiones gigantescas”. Desde el lado oficialista, el senador Higinio Martínez (Morena) llamó a “erradicar la corrupción y el despilfarro”, pidió a Claudia Sheinbaum un programa anticorrupción con “medidas radicales” y habló de una “cirugía radical” porque, de lo contrario, “no habrá futuro”. El discurso suena contundente; en la práctica, llega después de años de escándalos documentados y de una renuncia que la propia presidenta celebró como buena decisión para evitar “sombras de duda”.
En la oposición y en grupos ciudadanos el tono es más desconfiado. Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano) advirtió que no basta cambiar de presidente: “No necesitamos un INE al servicio de la Presidenta, necesitamos un INE al servicio de los ciudadanos”. Acusó a Morena de imponer consejerías afines y permitir irregularidades, y propuso observadores de universidades y organizaciones civiles en el relevo. Desde Somos, Marco Baños anunció denuncias ante la ASF y el Órgano Interno de Control por contratos del entorno de Taddei, exigió la separación inmediata de los funcionarios aparecidos en videos y cuestionó que la misma presidenta encabezara la respuesta institucional. Guadalupe Acosta Naranjo pidió revisar reglas de nombramientos y contratos, la renuncia de colaboradores cercanos y abrió la puerta a movilizaciones junto con partidos y agrupaciones para defender la independencia del órgano.
Ricardo Monreal (Morena) reconoció que el INE necesita cambios estructurales y que el interino debe revisar la permanencia de funcionarios vinculados a proveedores denunciados o al círculo de Taddei. El proceso de designación arranca este miércoles en el Congreso y, según él, tomará entre cuatro y cinco semanas. Federico Doring Casar fue más directo: advirtió que solo habrá un “relevo cosmético” y que Sheinbaum no busca combatir la corrupción, sino colocar al frente a alguien cercano —señalando a Arturo Castillo, proveniente de TGráficos pero con vínculos con el entorno presidencial—.
La renuncia era lo mínimo. El problema de fondo es que la red de contratos, los nombramientos a modo y la investigación de la ASF siguen abiertos, mientras el relevo queda en manos de un Congreso con mayoría morenista. Si el proceso se limita a cambiar de cara sin depurar funcionarios, contratos y prácticas, el daño a la credibilidad del árbitro electoral no se repara: se administra. Con procesos electorales en puerta, el costo de un INE percibido como capturado o maquillado es real y no se borra con discursos de “cirugía radical” ni con salidas “serenas”. Las denuncias, las auditorías y la transparencia pública tendrán que demostrar si esta crisis se cierra o apenas se reacomoda.
