¿La Suprema Corte silencia la voz ambientalista? Un giro peligroso en debate
La ministra Yasmin Esquivel propone un criterio que limita el interés jurídico colectivo en casos ambientales, en discusión este 9 de octubre de 2025
CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta un momento crucial que podría redefinir la lucha por el medio ambiente en México. En el centro de la controversia está un proyecto de la ministra Yasmin Esquivel, presentado en la contradicción de criterios 217/2021, que busca limitar el interés jurídico colectivo y restringir el derecho de organizaciones civiles a interponer amparos en defensa del medio ambiente.
El trasfondo es inquietante. En un país donde proyectos como el Tren Maya han generado denuncias por daños ecológicos irreversibles, este criterio podría cerrar una puerta clave para las comunidades y activistas. Esquivel propone que las afectaciones ambientales solo se acrediten con pruebas específicas, descartando el uso del objeto social de las organizaciones como base legítima. Un párrafo de su proyecto, citado en redes, subraya una visión “holística” del medio ambiente, pero el tono restrictivo sugiere un retroceso en los derechos colectivos, alineado con recientes reformas a la Ley de Amparo promovidas por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Críticos ven en esto un intento de blindar decisiones oficiales frente a la presión ciudadana, especialmente tras años de avances en la justicia ambiental. La coincidencia con acusaciones de conflictos de interés —como los señalamientos sobre los negocios familiares de Esquivel— añade una sombra de duda. ¿Es esta una reforma técnica o un golpe calculado a la participación ciudadana? La respuesta dependerá de lo decidan los magistrados, pero el precedente podría marcar un antes y un después en la defensa del entorno natural mexicano.
