La verdad detrás de los terrenos de "Alito": Layda Sansores expropia terrenos a familiar de Moreno sin pruebas sólidas de ilícitos
La gobernadora Layda Sansores justifica la medida con utilidad pública, pero falta de pruebas y contradicciones oficiales alimentan sospechas de venganza política
CDMX.- En un giro que mezcla política, ley y sospechas, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha anunciado la expropiación de terrenos vinculados a la familia de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, bajo el argumento de “utilidad pública” para construir la Universidad “Rosario Castellanos”. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes sobre el origen ilícito de estos predios y las contradicciones en las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum han puesto en duda la legitimidad de esta medida.
El caso comenzó con Sansores afirmando que los terrenos, propiedad de Yolanda Cárdenas Montero, madre de Moreno, y de otros allegados, podrían estar relacionados con recursos de procedencia dudosa. Sin embargo, en una entrevista con Aristegui Noticias, la gobernadora reconoció que no tienen cómo demostrar que estos terrenos son ilícitos, lo que levanta preguntas sobre si la expropiación responde más a una vendetta política que a un interés genuino de justicia o desarrollo.
Sheinbaum, por su parte, inicialmente respaldó la medida al sugerir que los predios podrían haber sido adquiridos mediante lavado de dinero. Sin embargo, días después, en una conferencia matutina, retrocedió al afirmar que solo había dicho “parece que” y que Moreno tiene derecho a defenderse. Este cambio de tono no solo evidencia una falta de coherencia en el discurso oficial, sino que también pone en relieve la debilidad de las acusaciones iniciales.
La ley de extinción de dominio, que podría ser una herramienta para actuar en casos de bienes ilícitos, no ha sido invocada aquí. En cambio, se recurrió a una controvertida reforma a la ley de expropiación en Campeche, aprobada a pesar de las críticas de oposición por considerarla arbitraria. Esta reforma permite expropiaciones en tan solo cinco días, dejando poco margen para la defensa legal de los afectados.
El contexto político no puede ignorarse. Moreno, como líder del PRI, es uno de los principales opositores al gobierno de Morena, y este episodio se suma a una serie de enfrentamientos entre ambos. La expropiación, más allá de su supuesto fin educativo, parece ser parte de una estrategia para desestabilizar a la oposición, utilizando el poder del Estado para fines que rozan la persecución política.
En resumen, mientras el gobierno de Campeche y la presidencia federal intentan justificar esta medida con argumentos de utilidad pública y lucha contra la corrupción, la ausencia de pruebas sólidas y las contradicciones en las declaraciones oficiales, especialmente la incongruencia de Claudia Sheinbaum al retractarse de sus propias acusaciones, sugieren que lo que está en juego no es solo un terreno, sino un capítulo más en la polarización política mexicana. Esta situación se agrava por la doble moral de Morena, que exige pruebas irrefutables contra figuras como Adán Augusto López, pero actúa contra la oposición sin necesidad de evidencias sólidas. La pregunta que queda en el aire es: ¿se está haciendo justicia o se está utilizando la ley como un arma política?