Campeche.- La Auditoría Superior de la Federación detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 39 millones 104 mil 37 pesos en recursos federalizados que el gobierno de Layda Sansores no pudo acreditar en la Cuenta Pública 2025. Las observaciones se concentran en educación y salud: transferencias sin documentación justificativa, servicios pagados cuya prestación no se comprobó y bienes (como uniformes) de los que no hay constancia de entrega.
El grueso está en el Fondo de Aportaciones Múltiples (18.7 mdp en infraestructura educativa básica, media superior y superior sin papeles) y en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (16.7 mdp), donde aparecen pagos a personal con plazas incompatibles geográficamente y a trabajadores del SNTE sin funciones educativas acreditadas. En salud se suman 3.6 mdp por uniformes adquiridos que no se demostró que llegaran a su destino. El estado reintegró 24.7 mdp, la mayor parte de recursos de salud que no se ejercieron, pero las observaciones siguen vigentes y sujetas a aclaración.
No es un caso aislado. El mismo gobierno ha reportado crisis de liquidez, ha pedido prórrogas para pagar la luz y obtuvo autorización para endeudarse por mil millones de pesos, mientras acumula observaciones recurrentes de la ASF en ejercicios anteriores. Que los recursos etiquetados para escuelas y hospitales se diluyan en pagos sin respaldo documental, en un estado que insiste en la escasez, deja al descubierto una gestión que predica austeridad y practica opacidad.