CDMX.- En pleno acto de Claudia Sheinbaum en el Zócalo, Édgar Mondragón Bustamante sacó una pancarta desde la zona de invitados: pedía que alguien escuchara el caso de su hijo Ismael, muerto el 15 de diciembre de 2004 en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. Tenía un año y 11 meses. Lo operaron de craneosinostosis un cirujano maxilofacial, no el especialista indicado; la Conamed documentó mala praxis y el Estado mexicano reconoció ante la CIDH su responsabilidad. Ayer, mientras Clara Brugada hablaba, morenistas y seguridad le quitaron la lona y lo empujaron. La escena dura segundos. La impunidad, más de dos décadas.
Hay que decirlo sin maquillaje: no es un caso “recién descubierto” ni un golpe mediático de última hora. Hubo recomendación de la CNDH, sentencia penal incompleta, disculpa pública de Gobernación en 2024, placa y busto en el hospital, indemnización y, en septiembre de 2025, la CIDH declaró cumplido el acuerdo de solución amistosa y cerró el seguimiento. Sonora dice ahora que el proceso penal “está en sus últimas etapas”. Últimas etapas después de 22 años es una forma elegante de admitir que el Estado repara en papel y se atasca cuando toca cárcel. El padre no protesta porque ignore lo ya otorgado; protesta porque la justicia penal sigue siendo un trámite eterno.
Lo más duro no es que un hombre alce una manta. Es que un gobierno que presume cercanía con las víctimas necesite retirarla a empujones para que el acto no se desordene. Si Ismael hubiera muerto ayer, el discurso habría sido otro. Como murió en 2004, el reclamo estorba. México ya sabe cerrar un expediente ante la CIDH, pedir disculpas y develar una escultura. Lo que no termina de aprender es a terminar un expediente penal sin que el padre tenga que colarse al Zócalo para que lo vean.
No tiene ni vergüenza los narcotraficantes que gobiernan a México