Legisladores impugnan 26 candidaturas a cargos judiciales por irregularidades graves
La impugnación concluye con una solicitud clara al INE: cancelar los registros de las 26 candidaturas señaladas para “preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública".
CDMX.— En un movimiento que pone en tela de juicio la integridad del proceso electoral extraordinario 2024-2025 para renovar cargos judiciales en México, los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presentaron una impugnación formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Su solicitud: cancelar el registro de 26 candidaturas que, según argumentan, no cumplen con los requisitos constitucionales establecidos en los artículos 95 y 97 de la Carta Magna. La denuncia, respaldada por un informe detallado, expone dos motivos principales: 18 aspirantes carecen de “buena reputación” debido a vínculos con investigaciones penales por delitos graves, y ocho no alcanzan el promedio académico mínimo de 8.0 en su licenciatura. Este caso reaviva el debate sobre la idoneidad de quienes aspiran a ocupar posiciones clave en el Poder Judicial, en un contexto de reforma judicial creada por los mismos morenistas que la diseñaron y que hoy exhiben las irregularidades otrora advertidas en la impartición de justicia con este nuevo modelo de elección popular de jueces y magistrados.
Irregularidades graves: delitos y conflictos de interés
La impugnación detalla que 18 de los candidatos enfrentan señalamientos que comprometen su idoneidad ética. “El informe presentado acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas. También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés”, señala la querella. Entre los delitos que se les imputan se encuentran abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y, de manera alarmante, delincuencia organizada. Estas acusaciones no son menores: en un país donde la independencia judicial es crucial para combatir la impunidad, la presencia de candidatos con tales antecedentes plantea serias dudas sobre la legitimidad del proceso.
Sergio Gutiérrez Luna, en un tono firme, subrayó la gravedad del asunto: “La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”. Añadió que “la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial”.
Fallas académicas: un estándar mínimo incumplido
El segundo eje de la impugnación apunta a ocho candidaturas que no cumplen con el promedio académico requerido de al menos 8.0 en su licenciatura. Los promedios documentados oscilan entre 7.0 y 7.93, lo que, según los legisladores, refleja una deficiencia en la preparación profesional de los aspirantes. Estas candidaturas corresponden a cargos de jueces y magistrados en diversos circuitos y salas del país, posiciones que exigen un alto nivel de competencia jurídica para resolver casos que impactan directamente los derechos humanos y el orden democrático.
Gutiérrez Luna fue categórico al respecto: “La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética. Permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia”. En este sentido, el legislador destacó que “el promedio mínimo no solo es un requisito formal, sino un criterio que busca garantizar un alto nivel de preparación jurídica en quienes aspiren a resolver conflictos que afectan los derechos humanos y el orden democrático”. La laxitud en este requisito, argumentan, podría socavar la calidad de las resoluciones judiciales en un sistema que ya enfrenta retos estructurales.
Un llamado a la acción
La impugnación concluye con una solicitud clara al INE: cancelar los registros de las 26 candidaturas señaladas para “preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país”. Este paso es visto como una medida necesaria para garantizar que el proceso de selección cumpla con los estándares éticos y legales que demanda la reforma judicial en curso, impulsada para democratizar y transparentar el Poder Judicial.
El caso también pone bajo la lupa el papel del INE como árbitro en este proceso electoral extraordinario. La decisión que tome no solo definirá el rumbo de estas candidaturas, sino que enviará un mensaje sobre el compromiso de las instituciones mexicanas con la transparencia y la rendición de cuentas.
Los señalados: un listado preocupante
La impugnación identifica a varios candidatos con señalamientos específicos, todos relacionados con cargos de jueces y magistrados en distintos circuitos. Se destacan el caso de seis, de un total de 26 candidaturas impugnadas. A continuación, los nombres destacados en la denuncia:
Fernando Escamilla Villareal, Juez de Distrito en Materia Penal del Tercer Circuito, señalado por haber actuado como abogado defensor de personas imputadas por delincuencia organizada.
Jesús Humberto Padilla Briones, Juez Administrativo Federal del Estado de Nuevo León, investigado por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.
Diana Monserrat Partida, Juez de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito, acusada de otorgar libertad indebida a imputados por delincuencia organizada.
Francisco Herrera Franco, Juez de Distrito en Materia Penal del Onceavo Circuito, señalado por presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado.
Francisco Martín Hernández Zaragoza, Magistrado del Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, imputado por abuso sexual.
Andrés Montoya Gancia, Magistrado Mixto de Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, acusado de desaparición forzada de un periodista.