Ley Censura: ¿El fin de la libertad de expresión en México? Un análisis crítico de la propuesta de Sheinbaum
La experiencia internacional no es alentadora: países como Turquía y Rusia han utilizado reformas similares para silenciar a la prensa independiente, según datos de RSF
CDMX.- En un contexto donde la libertad de expresión en México ya enfrenta serios desafíos, la senadora Lilly Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), ha encendido las alarmas sobre una nueva propuesta legislativa que, según ella, podría convertirse en una herramienta de censura masiva. En un mensaje publicado en X, Téllez arremetió contra la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, bautizándola como la "Ley Censura". Pero, ¿qué hay detrás de esta propuesta que ha desatado tanta controversia? Analicemos los hechos con lupa.
La propuesta, que según la información disponible busca reformar el marco regulatorio de las telecomunicaciones en México, incluye la creación de una nueva Agencia de Transformación Digital, dependiente directamente del Poder Ejecutivo. Este organismo reemplazaría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un ente autónomo que hasta ahora ha fungido como árbitro independiente en la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión. Según un hilo publicado por el usuario @avieu en X, esta centralización otorgaría al gobierno un control sin precedentes sobre espectro, redes, contenidos y concesiones. Más preocupante aún, la Secretaría de Gobernación tendría la facultad de vigilar, sancionar y regular los contenidos en medios como radio y televisión, bajo el pretexto de cumplir con "valores constitucionales".
Este último punto es particularmente alarmante. La vaguedad del término "valores constitucionales" abre la puerta a interpretaciones subjetivas que podrían ser utilizadas para justificar censura previa, una práctica que ha sido condenada internacionalmente. Un informe de la UNESCO de 2023 sobre regulación digital advierte que términos ambiguos como este son frecuentemente utilizados por gobiernos para restringir la libertad de expresión bajo la fachada de proteger el interés público. En el caso de México, un país que ya ocupa el puesto 121 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), esta iniciativa podría agravar una situación que ya es crítica. El país ha enfrentado durante años problemas estructurales como la violencia contra periodistas y la concentración de poder mediático, y ahora se suma el riesgo de un control gubernamental directo sobre los contenidos.
El argumento oficial del gobierno de Sheinbaum, según declaraciones recogidas, es que la ley busca garantizar el "acceso universal" e "inclusión digital", además de modernizar el sector de telecomunicaciones. Sin embargo, estas promesas suenan huecas cuando se revisan los detalles de la iniciativa. Por ejemplo, la Agencia de Transformación Digital tendría la potestad de establecer "lineamientos de ética" y códigos de contenido no solo para medios tradicionales, sino también para medios comunitarios e indígenas, lo que plantea serias dudas sobre quién definirá qué es "ético" y bajo qué criterios. ¿Es esto inclusión digital o un intento velado de homogeneizar las voces disidentes?
La reacción en redes sociales ha sido feroz. Mientras Téllez, una figura conocida por su postura opositora al partido gobernante Morena desde que asumió su cargo en el Senado en 2018, ha liderado la crítica con el hashtag #NoALaLeyCensura, otros usuarios han expresado opiniones divididas. @Chefzote, por ejemplo, agradeció a la senadora por "hacer bien su trabajo", mientras que @Albert_Rudo la acusó de no tener "los ovarios" para enfrentar directamente a Sheinbaum, señalando una supuesta omisión en un fragmento de su discurso. Por otro lado, @GrootGutierrez4 y @gallotal descalificaron a Téllez con ataques personales, recordando controversias pasadas como su cobertura del caso Paulette en 2010, cuando era periodista, lo que refleja el nivel de polarización que este tema ha generado.
Más allá de las pasiones que despierta Téllez como figura pública, el debate de fondo no puede ignorarse. La eliminación de un organismo autónomo como el IFT y la concentración de poder en el Ejecutivo violan principios básicos de checks and balances, fundamentales en cualquier democracia. Si el gobierno tiene la última palabra sobre qué se dice y qué no en los medios, ¿qué garantías quedan para la libertad de expresión? La experiencia internacional no es alentadora: países como Turquía y Rusia han utilizado reformas similares para silenciar a la prensa independiente, según datos de RSF.
Sheinbaum, quien asumió la presidencia en octubre de 2024, ha defendido su administración argumentando que no hay intención de censurar. Sin embargo, sus acciones en otros ámbitos, como la creación de nuevas dependencias bajo control del Ejecutivo (como la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que reemplazó al CONAHCYT), sugieren un patrón de centralización que debería preocupar a cualquier defensor de las libertades democráticas.
En conclusión, la "Ley Censura" de Sheinbaum, como la ha llamado Téllez, no puede ser tomada a la ligera. Si bien el acceso universal a internet es un objetivo loable, no puede lograrse a costa de sacrificar derechos fundamentales. México necesita un debate serio y transparente sobre esta iniciativa, uno que incluya a la sociedad civil, a los medios independientes y a los organismos internacionales. La libertad de expresión no es negociable, y permitir que el gobierno tenga el control absoluto sobre lo que se dice y se escucha en el país sería un retroceso histórico. Como ciudadanos, es momento de alzar la voz y exigir claridad. ¿Estamos dispuestos a arriesgar nuestra democracia por una supuesta "transformación digital"? La respuesta debería ser un rotundo no.