Tijuana.- José Alfredo García Gutiérrez, de 55 años, coordinador municipal del Movimiento del Sombrero en Tijuana, fue ejecutado a balazos la noche del 1 de noviembre en la colonia Reforma, cerca del parque del mismo nombre (calle Acueducto esquina con Simón Bolívar, delegación Sánchez Taboada). Tres casquillos de 9 mm quedaron en el lugar. Según el líder estatal del movimiento, Leopoldo Sánchez, García Gutiérrez acudió a ayudar a un sobrino que estaba siendo extorsionado y, al intentar mediar, lo mataron entre las 7 y las 8 de la noche. La Fiscalía confirmó el hallazgo del cuerpo.
Esa misma mañana, García Gutiérrez había marchado en Tijuana por el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, fundador del Movimiento del Sombrero y alcalde independiente de Uruapan, ejecutado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas. En la protesta, el propio García Gutiérrez había dicho con claridad: “El gobierno no se ha dedicado a combatir la delincuencia organizada”. El movimiento, nacido en 2024 tras la ruptura de Manzo con Morena, se construyó precisamente alrededor de la seguridad comunitaria y la crítica a la impunidad. Horas después de exigir justicia, su coordinador en la frontera cayó víctima de la misma violencia que denunciaba.
El caso no es un “hecho aislado”. Es la repetición exacta, un año después, del mismo patrón: activistas y funcionarios que señalan la incapacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado terminan asesinados, mientras las autoridades siguen repitiendo que “van a investigar”. La extorsión sigue siendo el pan de cada día en Tijuana y el país entero, y quienes se atreven a oponerse —aunque sea solo a mediar por un familiar— pagan con la vida. A un año del crimen de Manzo, el gobierno de Morena no ha cambiado la realidad: el que denuncia la falta de combate al crimen acaba confirmándola con su propio cadáver.