#LoQueDejamosDeSaber: México da un paso atrás en transparencia y protección de datos con nuevas leyes secundarias, advierten Organizaciones de la Sociedad Civil
El Centro de Análisis e Investigación Fundar ha denunciado que estas modificaciones debilitan más de dos décadas de avances en la construcción de una institucionalidad robusta para la transparencia.
CDMX.— Con 321 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, un cambio legislativo que, según organizaciones de la sociedad civil, periodistas y defensores de derechos humanos, representa un grave retroceso en la garantía de estos derechos fundamentales en México. La reforma, que elimina al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y transfiere sus funciones al Poder Ejecutivo, ha generado preocupación por la falta de autonomía y el aumento de la opacidad en la gestión pública.
El Centro de Análisis e Investigación Fundar, junto con otras organizaciones, ha denunciado que estas modificaciones debilitan más de dos décadas de avances en la construcción de una institucionalidad robusta para la transparencia y la rendición de cuentas. La extinción del INAI, un organismo autónomo diseñado para garantizar el acceso a la información sin interferencias gubernamentales, implica la pérdida de un contrapeso clave frente al poder del gobierno federal. Ahora, las funciones del INAI serán asumidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de un órgano desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo”, lo que, según críticos, centraliza el poder y limita la vigilancia ciudadana sobre el uso de recursos públicos y las decisiones gubernamentales.
Otro aspecto alarmante señalado por Fundar es el incremento en las causales de reserva de información, lo que permite clasificar más datos de interés público como reservados o confidenciales, contraviniendo el principio de máxima publicidad. Esta medida, que amplía las justificaciones para restringir el acceso a información sobre temas estratégicos, megaproyectos y procesos administrativos, ha sido cuestionada incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha exigido al Estado mexicano aclarar cómo garantizará la independencia e imparcialidad del nuevo esquema sin un organismo autónomo.
La aprobación de estas leyes, que incluyen la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se llevó a cabo sin mecanismos de consulta ni participación ciudadana, a pesar de las solicitudes de la sociedad civil para realizar un ejercicio de Parlamento Abierto. Esta falta de diálogo ha sido calificada como un incumplimiento de las obligaciones constitucionales del Congreso para promover y proteger el derecho a la información.
Organizaciones como Fundar, Artículo 19, Data Cívica y la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres han anunciado que permanecerán vigilantes ante la implementación de estas reformas, documentando sus efectos y defendiendo el derecho de la ciudadanía a la información. “La información es de todas y de todos, a pesar de estos retrocesos”, afirmaron en un comunicado conjunto.
La CIDH, en su audiencia temática de 2025, expresó su preocupación por el impacto de estas reformas en los estándares interamericanos de derechos humanos, cuestionando la capacidad del nuevo sistema para tutelar efectivamente los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Hasta la fecha, el gobierno mexicano no ha proporcionado respuestas claras sobre los criterios para justificar estas restricciones.