CDMX.- Una investigación de Proceso, firmada por Camila Ayala, Aldo Canedo, Dalila Escobar y Rodrigo Hernández, documenta que la red empresarial conocida como “los heurísticos” opera desde Palacio Nacional la propaganda de la Cuarta Transformación. Encabezada por Heurística Comunicación (de Iván Manuel Silva Yanomé) y firmas vinculadas como Cuadrangular, Árbol Estrategias, NDMX y Ocho Consultores —que comparten socios o representantes legales—, ha cobrado al menos 345 millones de pesos en contratos con gobiernos de Morena y el propio partido en ocho años. El monto es un mínimo: varios contratos permanecen reservados. Formalmente no pertenecen a la oficina de Comunicación Social, pero participan en el consejo asesor de Sheinbaum, se reúnen tras las mañaneras para definir temas y posicionamientos, y mueven contenidos digitales, “escucha” de redes y ataques a opositores. Reportajes previos de Animal Político ya habían cuantificado unos 263 millones hasta 2023 en la misma red.
La contradicción es brutal. El mismo régimen que construyó su legitimidad en la promesa de acabar con el chayote, la publicidad oficial como herramienta de control y el “gobierno rico con pueblo pobre” mantiene una estructura privada paralela que factura cientos de millones del presupuesto para fabricar narrativas favorables y desacreditar críticos (desde Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez hasta Salinas Pliego o Samuel García). Las cuentas y contenidos circulan bajo nombres genéricos en TikTok, X, Facebook y YouTube. No se trata de una denuncia judicial pendiente, sino de contratos y vínculos registrados en fuentes públicas (PNT, INE, registros mercantiles) que Proceso actualiza y detalla. El patrón es conocido: la misma firma asesoró campañas de AMLO y Sheinbaum, y extendió su influencia a gobiernos estatales como los de Rocha Moya, Marina del Pilar o Mara Lezama, con puertas abiertas desde figuras como Mario Delgado.
Ocho años después, la “austeridad republicana” coexiste con una red privada que desde el corazón del poder decide qué se posiciona y qué se ataca, mientras el discurso oficial sigue vendiendo honestidad y cercanía con el pueblo. La cifra de 345 millones no es el escándalo completo —parte sigue oculta—, pero basta para mostrar que el cambio de régimen no eliminó el negocio de la propaganda: lo reordenó y lo puso a operar desde Palacio.