Los malabares de Sheinbaum para salvar a Rocha Moya, blindar a AMLO, rescatar a Morena y contener a Trump para que no se lleve a los more-narcos a las cárceles de EU
La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum es puro circo malabarístico.
CDMX.— En plena encrucijada infernal, la presidenta Claudia Sheinbaum debe salvar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —y a sus secuaces morenistas, desde el alcalde de Culiacán hasta el senador de la misma camada— de los 40 a 50 años de cárcel (o cadena perpetua) que le esperan en Nueva York por conspirar con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa: sobornos, protección, información privilegiada y toneladas de fentanilo rumbo a Estados Unidos. Al mismo tiempo, tiene que blindar al gran capo político de la 4T —Andrés Manuel López Obrador, sus hijos y el círculo de funcionarios-hermanos aún atrincherados en el gabinete federal— para que Washington no amplíe la lista de extraditables. Todo ello mientras intenta que Morena pierda el menor número posible de estados, municipios y curules en las elecciones de 2027, en medio de pugnas internas, desprestigio galopante y fracturas con PT y Verde que ya se ven venir. Y, como guinda envenenada, debe contener a Donald Trump para que no cumpla su amenaza de mandar Navy SEALs, drones o fuerzas especiales a “limpiar” México de more-narcos, como ya lo ha insinuado públicamente y en directivas militares. Un solo malabar fallido y todo explota: la impunidad de la 4T, el legado de AMLO y las aspiraciones de continuidad de Sheinbaum. Bienvenida al circo donde las antorchas están encendidas y el piso es dinamita.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos soltó una bomba que huele a fentanilo y a impunidad mexicana: acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios (entre ellos un senador morenista y el alcalde de Culiacán) de conspirar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”. Protección a cambio de sobornos, información privilegiada, secuestros, homicidio y tráfico de drogas hacia EE.UU. De ser extraditado y condenado, Rocha enfrenta una pena mínima de 40-50 años o cadena perpetua. No son rumores de oposición: es un indictment federal en Nueva York.
La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum es puro circo malabarístico. La SRE confirma que recibió las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, pero se apresura a decir que “no hay elementos de prueba”. Rocha niega todo, lo califica de “ataque a la 4T” y sigue en su cargo como si nada. Sheinbaum, mientras tanto, guarda un silencio estratégico o envía señales de apoyo indirecto. ¿Malabares? Más bien contorsionismo político para no dejar caer la pelota que más le pesa: el propio Andrés Manuel López Obrador y su círculo.
Porque esto no es solo Rocha. Es el costo de haber protegido durante mucho tiempo al ex presidente y a su familia de escrutinio similar. Reportajes de The New York Times y otras investigaciones documentadas han revelado que la DEA indagó durante años acusaciones de que narcotraficantes financiaron campañas de AMLO (incluida la de 2018), que allegados suyos recibieron dinero del narco y que incluso había videos de sus hijos recibiendo pagos. Informantes hablaron de reuniones con Ismael “El Mayo” Zambada y pagos millonarios. AMLO lo descalificó todo como “pasquín inmundo”, pero los expedientes estadounidenses existen. Ahora, con Rocha en la mira —gobernador morenista en el corazón del Cártel de Sinaloa—, el riesgo de que la madeja se desenrede hacia Palacio Nacional es real. Por eso Sheinbaum paga los costos: despide o “reubica” a funcionarios incómodos del gabinete federal, muchos vinculados al viejo régimen de AMLO, para limpiar la imagen antes de que Washington amplíe la lista.
Los cambios en el gabinete de Sheinbaum no son mera rotación administrativa. Van de Citlalli Hernández a Ariadna Montiel, pasando por Juan Ramón de la Fuente y otros. Algunos por “salud”, otros para ir a Morena rumbo a 2027, pero el timing es sospechoso. Es la poda preventiva: sacar a los más expuestos, aquellos que podrían ser los próximos en la lista de extradición, para que la presidenta pueda decir “yo estoy limpiando”. Mientras Rocha recibe rescates de mineros con bombo y platillo y agradecimientos públicos de Sheinbaum, el mensaje es claro: el gobierno federal blindará a sus aliados en lo posible, aunque sea a costa de tensiones diplomáticas con Trump y la DEA.
Y aquí entra el sarcasmo inevitable: la 4T, que llegó prometiendo acabar con la corrupción y el “narco-Estado” priista-panista, resulta ser —según acusaciones cada vez más documentadas— una maquinaria de narcotráfico desde los tres niveles de gobierno. Gobernadores morenistas en Sinaloa y Tamaulipas, funcionarios de seguridad convertidos en operadores, sobornos disfrazados de “apoyo político”. Ya no es hipótesis conspirativa: son indictments federales. Ocultarlo se volvió insostenible. Cada detención o acusación estadounidense es un baldazo de realidad: la “transformación” tenía como base el pacto de no agresión con los cárteles. “Abrazos, no balazos” fue la consigna; el resultado, un país donde el narco mandaba en varios estados con permiso oficial.
Ahora Sheinbaum enfrenta el doble malabar: salvar a Rocha (y por extensión, al legado de AMLO) sin quedar como protectora de narco-gobernadores, y preparar las elecciones de 2027 con un Morena fracturado. Las luchas internas son feroces: pugnas por candidaturas, nepotismo, desprestigio acumulado, tensiones con aliados PT y PVEM, y una dirigencia en transición tras la salida de Luisa María Alcalde. Las encuestas internas se filtran, las traiciones se multiplican, y el halo de invencibilidad se ha roto. ¿Cómo vender la continuidad de la 4T cuando el gobernador de la cuna del cártel más poderoso está acusado de ser su socio?
El mordaz final: Sheinbaum hace malabares con antorchas encendidas sobre un polvorín. Protege a Rocha para no delatar que la 4T fue, desde el origen, un proyecto capturado. Despide a unos para salvar a otros. Y todo mientras 2027 se acerca como un juicio pendiente. La Cuarta Transformación no se hundirá por un indictment solo; se hundirá por la acumulación de verdades que ya no caben en las “mañaneras” ni en los comunicados de la SRE. México merece algo mejor que malabaristas protegiendo narco-gobernadores. Merece cuentas claras, aunque duelan. La pelota, tarde o temprano, cae. Y esta vez huele a extradición.