Baja California.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, fue interrogada este lunes sobre el audio difundido por Carlos Loret de Mola en Latinus, en el que una voz atribuida al empresario tabasqueño Amílcar Olán afirma haberle entregado recursos para su campaña de 2021. La mandataria no confirmó ni negó el señalamiento: se limitó a repetir que “cualquier financiamiento privado” recibido entonces “está declarado ante las autoridades electorales” y que, si no aparece, “es porque no se recibió”. Evitó siquiera pronunciar el nombre de Olán.
Olán no es un donante anónimo. Es el empresario cercano a Andy y Bobby López Beltrán, identificado en reportajes de Latinus y MCCI como operador de la red conocida como “El Clan”, con contratos millonarios en el Tren Maya, medicamentos e inmuebles rentados al Poder Judicial. En la grabación se le escucha decir que saludó a “la sinvergüenza de Marina” en una boda y que “también le di dinero para su campaña”. Cinco años después, la gobernadora responde con el mismo discurso burocrático que ya usó en 2021, cuando su campaña reportó gastos superiores a los ingresos declarados ante el INE.
Esa respuesta no es transparencia: es una tapadera. Una gobernadora que presume honestidad no puede esconderse detrás de “está declarado” cuando el presunto financiador forma parte del círculo íntimo que ha concentrado contratos y sospechas de huachicol fiscal. El silencio calculado de Marina del Pilar no disipa la duda; la agrava. En política, quien no aclara, confirma. Y Baja California ya tiene demasiadas cuentas pendientes para seguir aceptando eufemismos.