Maru Campos le planta cara a la persecución: la gobernadora que combate narcos ahora es el objetivo de la 4T
Maru Campos comparece ante la FGR en CDMX y denuncia persecución política
CDMX.- Ayer, 27 de mayo de 2026, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se presentó en las instalaciones de la FGR en la CDMX —no en Juárez, como indicaba el citatorio original— arropada por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y su abogado Roberto Gil Zuarth. El motivo: declarar como testigo en la investigación sobre el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua, donde supuestamente operaron agentes extranjeros (señalan a la CIA) sin autorización federal expresa.
Campos no se escondió. Afirmó con crudeza: “Defendí que la droga no llegara a nuestros niños” y denunció una “persecución política” con “simulación de testigo” para fabricarle un caso. Su abogado criticó la ambigüedad del citatorio, lleno de inconsistencias y falta de rigor. Gil Zuarth incluso ironizó que no sabían si el MP quería hablar del clima o del Cruz Azul-Pumas.
La jugada fue inteligente: en lugar de ir a Juárez (donde la esperaban), se plantó en la capital con todo el reflector nacional. “Por supuesto que me siento perseguida políticamente”, remató afuera de la FGR. Y remató comparando: mientras a ella la persiguen, a Rubén Rocha Moya —gobernador con licencia de Sinaloa con solicitud de extradición de EU por presuntos nexos con el narco— le dan trato preferencial y comparece en Culiacán casi en secreto.
Aquí viene la parte dura y que nadie quiere decir con claridad: este caso huele a venganza política pura y descarada. La FGR, convertida en arma del régimen, cita a una gobernadora de oposición por desmantelar un laboratorio de droga, mientras gobernadores y funcionarios morenistas señalados por EU caminan libres o con impunidad absoluta. ¿Dónde quedó el “abrazos, no balazos”? ¿Dónde la supuesta defensa de la soberanía cuando se trata de sus aliados?
Maru Campos cometió errores graves: permitió —o al menos no impidió— operación de agentes extranjeros sin la autorización federal que exige la ley. Eso es grave y viola la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Pero el doble rasero es obsceno. Rocha Moya tiene ficha roja de extradición y el régimen lo cobija; a ella la convierten en enemiga pública por combatir narcos.
Esto no es justicia. Es uso faccioso de las instituciones para triturar a la disidencia. Mientras la 4T protege a los suyos, persigue con todo el peso del Estado a quien se atreve a gobernar diferente y dar resultados tangibles contra el crimen. La pregunta incómoda es: ¿a quién le molesta realmente que en Chihuahua se desmantelen laboratorios?
La gobernadora lo dijo claro: “Si esto se lo hacen a una gobernadora, ¿qué será con los demás?”. Tiene razón. Y México ya está harto de esta simulación autoritaria disfrazada de procuración de justicia.
