CDMX.- Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no se anduvo con eufemismos: los “cambios” a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, publicados el 28 de agosto en el Diario Oficial, son atole con el dedo. El 82 por ciento de los comentarios en la consulta pública —más de 8 mil participaciones— rechazó la propuesta precisamente por el riesgo de censura. El gobierno de Claudia Sheinbaum y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) corrieron el trámite, aprobaron el 26 y publicaron dos días después. El mensaje es claro: se escucha, se maquilla y se publica igual.
Lo que permanece no es menor. Sigue la facultad de exigir que se modifique o rectifique un contenido, una publicidad o un programa a partir de una “recomendación” (artículo 47). Sigue una cadena procesal que puede ir de la queja a la recomendación y, si el medio no cumple, a la intervención de la CRT y a una sanción. Y se mantiene una supervisión sin límites: la Comisión puede hacer “monitoreos, requerimientos o cualquier otra actuación que sea necesaria”. El discurso oficial insiste en que no revisan contenidos ni deciden qué es verdad o mentira. El texto publicado dice otra cosa: el Estado conserva la palanca.
Eso no es un detalle técnico. Es el mismo gobierno que prometió no censurar y que, ante el rechazo masivo, aceleró la publicación en lugar de transparentar cómo atendió las observaciones. La CIRT aplaudió. Organizaciones como Artículo 19 y Human Rights Watch ya habían advertido el riesgo. Ahora el marco está en el DOF y entra en vigor en 30 días. Quien crea que con quitar algunas frases se acabó el problema, no leyó el articulado. La censura no necesita gritar. Basta con que quede escrita la ruta para llegar a ella.
