CDMX.- El recado de este lunes no es un expediente nuevo ni una orden de captura. Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA —no el gobierno de Estados Unidos en funciones—, volvió a exigir en X que México “haga lo correcto” y envíe a Rubén Rocha Moya a Nueva York. Lo grave no es el tuit: es que el 29 de abril de 2026 la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ya imputó al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios por conspiración para importar narcóticos y delitos de armas, alegando un pacto con Los Chapitos: votos y protección a cambio de control sobre policías estatales y municipales. Rocha lo negó de plano. La SRE dijo que no había pruebas suficientes para extraditar. Y ahí se quedó el expediente.
Cuatro meses después, el mandatario morenista no está en un banquillo: está con licencia. Pidió una, regresó más de 110 días después y, en agosto, pidió otra apenas 32 horas después de reasumir. Maltz ya había etiquetado a Omar García Harfuch para pedir “otra operación de alto nivel”. Hoy insiste en que las acusaciones son “extraordinariamente graves” y que los fiscales de Manhattan saben llevar estos casos. Puede decirlo: no manda. Su presión es mediática. El vacío, en cambio, es institucional. Un gobernador acusado en corte federal de haber entregado el aparato de seguridad de Sinaloa al cártel que opera en su patio no puede resolverse con comunicados de “ataque a la 4T” ni con ausencias administrativas.
La crítica dura es simple. Si las pruebas de Nueva York son basura, México tiene obligación de desmontarlas con una investigación propia, pública y verificable. Si no lo son, retener al acusado detrás de una licencia es una tapadera con membrete. Lo que queda, mientras tanto, es el peor de los escenarios: un exjefe de la DEA haciendo campaña con frases e imágenes, un gobernador que no enfrenta el cargo ni en México ni en Estados Unidos, y un gobierno federal que habla de Estado de derecho porque el acusado milita en casa. Eso no es soberanía. Es impunidad con discurso.
