Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que, bajo la administración de Donald Trump y el secretario Marco Rubio, ha clasificado a 21 organizaciones criminales de América Latina y el Caribe como organizaciones terroristas extranjeras. La medida, difundida este 24 de septiembre, busca —según la propia dependencia— reforzar la seguridad nacional estadounidense y combatir el narcoterrorismo en el hemisferio. Entre los grupos mexicanos figuran el Cártel de Sinaloa, el CJNG, Cárteles Unidos, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, el Cártel de Juárez (La Línea) y La Nueva Familia Michoacana (Los Viagras). México es el país con más organizaciones en esa lista.
No es un anuncio aislado. Días antes, en Nueva York, 14 países aliados del llamado Escudo de las Américas —Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y otros— se sumaron a una declaración conjunta contra 24 grupos, con sanciones financieras, restricciones de visado y responsabilidad penal para quien les dé apoyo material. El mensaje es claro: lo que en México todavía se discute con eufemismos —“delincuencia organizada”, “grupos delictivos”— en Washington y en varias capitales de la región ya se trata como amenaza terrorista. La diferencia no es semántica. Es operativa.
La etiqueta duele porque describe una realidad que el Estado mexicano no ha querido o no ha podido desmontar. Estos grupos no solo trafican fentanilo: controlan territorios, asesinan funcionarios, usan drones explosivos y extorsionan sectores enteros. Que sea Estados Unidos —y no México— quien formalice lo evidente expone el fracaso de una política de seguridad que ha combinado discursos de soberanía con resultados de impunidad. La designación no resuelve el problema de raíz, pero deja al gobierno mexicano sin coartada: o actúa con la misma contundencia o se queda como el país que exporta violencia y luego se ofende cuando el vecino pone nombre a sus cárteles.
