México, líder mundial en solicitudes por desapariciones ante la ONU, por encima de Iraq y Sri Lanka; Ante lo evidente, dirigente de Morena recurre a la descalificación
Sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad que estas cifras demandan, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, optó por el camino de la descalificación.
CDMX.- México encabeza una lista que ningún país quisiera liderar: con 1,137 solicitudes de acción urgente por desapariciones forzadas registradas ante la ONU desde 2007, supera a naciones como Iraq y Sri Lanka, según el Comité contra la Desaparición Forzada (CED). Mientras este organismo internacional alerta sobre un posible patrón sistemático y documenta la desesperación de familias que claman justicia, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, rechaza las críticas como un ataque político con "orientación ideológica" contra los gobiernos progresistas. Los datos duros chocan con la narrativa oficial: una crisis humanitaria innegable frente a un discurso que busca desviar la mirada, dejando en el centro un debate que va más allá de la retórica y exige respuestas concretas.
México está en el ojo del huracán. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: desde 2007, el país acumula 1,137 solicitudes de acción urgente por desapariciones forzadas, con 112 registradas solo en lo que va de 2024, según datos oficiales. Estas cifras no son conjeturas ni rumores; son el grito desesperado de familias que, ante la inacción de las autoridades mexicanas, han tenido que recurrir a instancias internacionales para buscar a sus seres queridos. Carmen Rosa Villa Quintana, integrante del CED, lo dijo sin rodeos: "México es el país que más casos tiene registrados en el Comité, lo cual refleja la gravedad del problema, pero también la confianza que tienen los familiares en este mecanismo internacional". Una declaración que no solo expone la magnitud de la crisis, sino que señala un abandono estructural que trasciende discursos y buenas intenciones.
Sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad que estas cifras demandan, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, optó por el camino de la descalificación. En un mensaje en redes sociales, acusó al CED de actuar con "orientación política e ideológica", sugiriendo que las críticas de la ONU son un ataque a los "gobiernos progresistas y cercanos a la gente". "No cabe duda que este señalamiento contra México tiene orientación política e ideológica. No les gustan los gobiernos progresistas", afirmó, sin ofrecer evidencia alguna que sustente su teoría conspirativa. Para Alcalde, el problema no está en las más de 110,000 personas desaparecidas que registra el propio gobierno mexicano a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ni en las fosas clandestinas como la del Rancho Izaguirre en Jalisco, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. No, el problema, según ella, es que la ONU tiene una agenda contra Morena.
La postura de Alcalde choca frontalmente con los datos duros. Mientras ella asegura que "el Gobierno de México no desaparece personas ni viola derechos humanos y tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad" desde 2018, el CED ha activado medidas cautelares y el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, un paso inédito que podría llevar el caso a la Asamblea General de la ONU si se confirma un patrón sistemático. Esto no es una opinión subjetiva ni un capricho ideológico; es una respuesta a evidencias concretas: 112 nuevas solicitudes en 2024, un promedio de casi 10 al mes, en un país donde la Comisión Nacional de Búsqueda, creada en 2018 bajo el gobierno de López Obrador, no ha logrado revertir la tendencia. La impunidad sigue siendo la norma, la corrupción permea las instituciones y la violencia del crimen organizado —que el gobierno dice combatir— continúa alimentando las estadísticas.
Alcalde presume "estrategias de búsqueda y combate a la impunidad como nunca antes", pero los resultados no mienten. El Registro Nacional reporta más de 110,000 casos acumulados, y las 1,137 solicitudes al CED desde 2007 —con un repunte notable en los últimos años— muestran que la crisis no solo persiste, sino que se agrava. Organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México han tenido que llenar el vacío dejado por el Estado, organizando brigadas de búsqueda con pico y pala mientras las autoridades ofrecen discursos. La brecha entre las palabras de Alcalde y la realidad es abismal: el CED no inventa estos números, los documenta a partir de las voces de las víctimas y sus familias, esas que el gobierno dice representar pero que siguen esperando respuestas.
El caso del Rancho Izaguirre, donde el CED exige proteger fosas y permitir la participación de los familiares, es un ejemplo palmario de lo que está en juego. No se trata de un ataque político, como insiste Alcalde, sino de una demanda de acción ante un horror cotidiano que el gobierno minimiza. La SRE y Gobernación, en un comunicado del 5 de abril, rechazaron las acusaciones afirmando que "el Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado". Pero la pregunta no es solo si el Estado desaparece directamente, sino por qué, tras seis años de "transformación" y ahora con Claudia Sheinbaum al frente, las desapariciones no disminuyen y la justicia sigue siendo una quimera.
La narrativa de Morena, defendida por Alcalde, se tambalea ante los hechos. Acusar a la ONU de parcialidad no borra las fosas, no trae de vuelta a los desaparecidos ni explica por qué México supera a Iraq y Sri Lanka en este trágico ranking. Mientras el CED llama a fortalecer mecanismos de búsqueda y garantizar justicia, la respuesta oficial es culpar al mensajero. Las familias, atrapadas entre la burocracia y el dolor, no necesitan teorías de conspiración; necesitan resultados. Y hasta que el gobierno deje de esconderse detrás de excusas y enfrente las cifras que lo exhiben, la crisis de las desapariciones forzadas seguirá siendo el espejo incómodo de un país que dice cambiar, pero que en los hechos se queda corto.