Nueva York.- Mientras el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) presentaba su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el gobierno mexicano, a través del subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina Padilla, reiteró su rechazo a la aplicación del artículo 34 de la Convención. Es la primera vez en la historia del tratado que el CED activa este mecanismo excepcional, basado en indicios fundados de que las desapariciones forzadas en México son generalizadas o sistemáticas y podrían alcanzar el umbral de crímenes de lesa humanidad. El funcionario destacó la colaboración internacional, la localización de más de 16 mil personas y la conformación de un grupo de expertos para revisar el Registro Nacional, pero el mensaje de fondo fue claro: no se acepta la interpretación del organismo independiente.
El contexto es devastador y no admite maquillaje. El propio CED y reportes oficiales sitúan el registro de personas desaparecidas y no localizadas por encima de los 130 mil (cerca de 136 mil en algunas cifras recientes), con tasas de impunidad que superan el 98 % y decenas de miles de cuerpos sin identificar. El Comité documentó patrones de colusión entre el crimen organizado y servidores públicos de distintos niveles, además de deficiencias estructurales en búsqueda, investigación y forense. El gobierno insiste en que el fenómeno es principalmente de grupos delictivos y, en menor medida, de autoridades municipales, negando una práctica sistemática o de política de Estado. Esa distinción, sin embargo, choca con la evidencia acumulada por el CED desde su visita en 2021 y con la decisión histórica de llevar el caso a la Asamblea General para movilizar cooperación internacional.
Negar la gravedad del diagnóstico mientras se celebra un puñado de localizaciones es la respuesta que el país ha dado una y otra vez a los expertos internacionales. El artículo 34 no impone sanciones ni declara responsabilidad automática: es una alerta para que el mundo apoye la búsqueda, la identificación forense y el combate a la impunidad. Al rechazarlo de plano, el gobierno mexicano elige la narrativa de los avances parciales sobre el reconocimiento de una crisis humanitaria que ya no cabe en los discursos de “otros datos”. Con más de 130 mil familias esperando, la postura en la ONU no es defensa soberana: es la continuación de una estrategia que prioriza deslindar al Estado antes que enfrentar lo que el registro y los organismos internacionales ya documentaron.