México protege a sus narco-gobernadores: la vergonzosa maroma jurídica para salvar a Rubén Rocha Moya y rechazar la detención urgente pedida por EE.UU.
México pide más pruebas a EE.UU. para detención provisional de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios
CDMX.- El gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de su consejera jurídica Luisa María Alcalde, ha convertido el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en un circo legal que roza la obstrucción descarada. Estados Unidos presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, junto a otros nueve funcionarios. Según el Tratado de Extradición bilateral, este mecanismo de urgencia no exige pruebas plenas de culpabilidad en esta etapa, solo identificación, orden de aprehensión y elementos básicos de urgencia. Sin embargo, la FGR y la SRE decidieron que “no hay urgencia” y exigieron más elementos, dilatando el proceso mientras Rocha queda a salvo.
El penalista Gabriel Regino desmontó con precisión esta defensa gubernamental: se trata de argumentos endebles, contradictorios y violatorios del tratado. México siempre ha cumplido solicitudes similares sin tanto tecnicismo; ahora, de repente, inventan requisitos inexistentes para blindar a uno de los suyos. Esto no es soberanía, es impunidad selectiva. Mientras el país se hunde en violencia, el gobierno prioriza proteger a un político señalado por lavado y narcotráfico antes que cooperar con Washington.
Esta actitud no solo humilla a México ante el mundo, exponiéndolo como refugio de narco-políticos, sino que arriesga represalias graves: sanciones, pérdida de confianza bilateral y un escalamiento en la relación con EU. El “narco-gobierno” queda al desnudo: cuando se trata de sus aliados, la ley se tuerce hasta romperse. La 4T no combate el crimen; lo cobija.
