México tiene cinco meses para pactar con la ONU un acuerdo sobre desapariciones forzadas y evitar la Corte Penal
El contexto de esta exigencia no es menor. México arrastra una crisis humanitaria de proporciones alarmantes: según datos oficiales, más de 115,000 personas permanecen desaparecidas.
CDMX.— México enfrenta un plazo crítico de cinco meses para negociar un acuerdo con el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras un informe que expone graves violaciones a los derechos humanos derivadas de la persistente problemática de las desapariciones forzadas en el país. El ultimátum, establecido luego de la revisión periódica del comité en Ginebra, obliga al gobierno mexicano a presentar un plan de acción concreto antes de septiembre de 2025, con el objetivo de cumplir con las obligaciones internacionales estipuladas en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México en 2008. De no alcanzar un acuerdo, el caso México podría llegar a Corte Penal, advierten expertos.
El contexto de esta exigencia no es menor. México arrastra una crisis humanitaria de proporciones alarmantes: según datos oficiales, más de 115,000 personas permanecen desaparecidas, muchas de ellas víctimas de desapariciones forzadas perpetradas por agentes del Estado o grupos criminales con aparente aquiescencia de las autoridades. El informe del CED, presentado en marzo de 2025, señala que el país no ha implementado medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes, a pesar de las reiteradas recomendaciones emitidas en revisiones previas. Entre los puntos críticos, el comité destaca la falta de coordinación entre instancias federales y estatales, la impunidad generalizada —con un índice de resolución de casos inferior al 2%— y la insuficiente protección a las familias de las víctimas, quienes a menudo enfrentan amenazas al buscar justicia.
El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha aceptado las 28 recomendaciones del CED, un paso que, aunque simbólico, refleja la presión internacional sobre el país. Entre las medidas exigidas están la creación de un registro nacional actualizado de personas desaparecidas, la reforma del sistema de búsqueda para garantizar resultados efectivos y la implementación de políticas de reparación integral para las víctimas y sus familias. Sin embargo, la tarea no será sencilla. La administración actual hereda un sistema judicial colapsado, una burocracia fragmentada y un clima de violencia que complica las investigaciones. Además, la militarización de la seguridad pública, una política continuada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido señalada por el comité como un factor que agrava el problema, dado el involucramiento de las fuerzas armadas en casos documentados de desaparición forzada, como el emblemático caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
El plazo de cinco meses también pone a prueba la capacidad diplomática de México para negociar con el CED un plan viable. Fuentes cercanas a la Secretaría de Relaciones Exteriores indican que el gobierno buscará demostrar avances en la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 2017, aunque su aplicación ha sido criticada por organizaciones civiles como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que denuncia la falta de recursos y voluntad política para hacerla efectiva. Asimismo, se espera que México rinda cuentas sobre los esfuerzos para esclarecer casos emblemáticos y garantizar la no repetición de estas violaciones.
El panorama no es alentador, pero tampoco imposible. La presión de la ONU, combinada con la movilización de colectivos de víctimas y la vigilancia de la sociedad civil, podría obligar al gobierno a tomar medidas más contundentes. Sin embargo, el éxito dependerá de superar las resistencias internas, incluyendo la reticencia de algunos sectores políticos y militares a ser escrutados. Mientras tanto, miles de familias continúan su búsqueda incansable, atrapadas entre la esperanza y la desesperación, en un país donde la justicia sigue siendo una promesa lejana. México tiene hasta septiembre para demostrar que puede romper con este ciclo de impunidad, pero el reloj ya está corriendo.