CDMX.- El 16 de noviembre, la línea de investigación electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM difundió el pronunciamiento “Defensa del INE”, firmado por académicos y ciudadanos de México y el extranjero. El texto expresa solidaridad con Lorenzo Córdova, expresidente del organismo (2014-2023), denuncia “acusaciones sin pruebas” del gobierno de Claudia Sheinbaum y de Morena, y exige detener las descalificaciones para no minar la autonomía del INE. El gesto llega justo cuando el oficialismo pide que Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo “den la cara” por la concentración de contratos de material electoral que, según Morena, superó los 2 mil millones de pesos en organismos locales durante su gestión.
Esa defensa choca con hechos documentados el mismo día. La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó en su lista de personas bloqueadas a Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, director de Coordinación y Análisis del INE precisamente bajo la presidencia de Córdova. Investigaciones de El Universal, Excélsior e Infobae muestran que, mientras ocupaba ese cargo, se constituyeron Corporativo ZEG y Cajas Graf (vinculadas a los hermanos Hernández Casillas). Estas empresas, junto con otras del mismo grupo, acapararon contratos en OPLEs: 302.9 millones en Veracruz, 203.6 en Hidalgo y 69.5 en Coahuila, entre otros. Cuatro días después de que Cuervo viajara con un representante de ZEG a Coahuila, el Instituto Electoral local adjudicó a esa firma el contrato de material electoral. En junio de 2023, aún como directivo del INE, Cuervo fue nombrado apoderado de ZEG. La UIF investiga transferencias simuladas (viáticos, préstamos), depósitos en efectivo y la compra de un departamento a su nombre, y ha congelado cuentas de él y de decenas de personas físicas y morales de la misma red.
El pronunciamiento universitario insiste en que “no hay pruebas” contra Córdova y trata las acusaciones como ataque político. Sin embargo, omite que un funcionario clave de su administración operó en el corazón de las reglas técnicas que facilitaron la concentración de proveedores durante años, que las empresas se crearon mientras él despachaba y que la UIF ya actúa por recursos de presunta procedencia ilícita. Córdova ha respondido que su gestión fue la más auditada, que la ASF no encontró irregularidades graves y que Morena, vía el Órgano Interno de Control y el empoderamiento de Guadalupe Taddei, generó las condiciones actuales. Puede ser cierto en parte, pero no borra el conflicto de interés ni la captura de contratos que se gestó bajo su techo. Blindar al expresidente con firmas académicas mientras se congelan cuentas de su exdirectivo no fortalece la autonomía del INE: la debilita. La investigación debe llegar a todos —Córdova incluido—, sin mantos de impunidad ni defensas selectivas.









