CDMX.- Ariadna Montiel, presidenta de Morena, salió este martes a exigir disculpas públicas a Héctor de Mauleón y al El Universal por la columna que reveló un supuesto encuentro suyo, a principios de 2024 en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, con Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera. Según la versión del periodista, basada en fuentes de seguridad y un presunto reporte de inteligencia federal, allí se habría negociado el apoyo de Los Salgueiro a candidatos de Morena a cambio de control territorial en la sierra. Montiel lo niega de plano, dice que nunca ha tratado con delincuentes y anuncia que denunciará a la gobernadora panista Maru Campos por difamación, daño moral y violencia política de género tras sus señalamientos de nexos con el crimen organizado.
El Gabinete de Seguridad federal respondió que no existe información oficial que confirme el documento citado por De Mauleón, mientras el columnista mantiene cada línea y sostiene que la autenticidad del reporte le fue corroborada por sus fuentes. La disputa viene de semanas atrás: Campos aseguró en entrevistas y ante Sheinbaum que Montiel tiene vínculos con estructuras del Cártel de Sinaloa, algo que la presidenta y la dirigente morenista han descalificado por falta de pruebas formales. Hasta ahora nadie ha exhibido el informe, ni la Fiscalía ha abierto una investigación visible, ni se ha presentado evidencia pública que cierre el asunto en un sentido u otro.
Lo que sí queda claro es el patrón: cuando un medio publica una acusación grave apoyada en fuentes de inteligencia, el poder responde con demandas de disculpa y amenazas de denuncia en lugar de exigir transparencia total sobre los reportes federales. En un país donde los pactos entre política y narco son tema recurrente y documentado en múltiples estados, la reacción de Montiel —negar, exigir disculpas y judicializar— no disipa dudas; las multiplica. Si el encuentro no existió, lo más sencillo era exhibir el expediente o abrir una investigación independiente. Mientras tanto, la prensa que señala queda bajo presión y la ciudadanía, otra vez, sin respuestas verificables.