CDMX.- Javier Corral, senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, lo dijo este 17 de septiembre en el Senado: la elección judicial de 2025 dejó fuera al 60% de los juzgadores especializados en materia civil y familiar. No es un dato de la oposición. Lo admite quien preside la comisión encargada de vigilar el sistema que su propio partido rediseñó. El recorte no es abstracto: esos perfiles son los que sostienen divorcios, pensiones, custodia, deudas y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada plena se preveía para 2027. Corral ya había alertado en abril que esa pérdida de experiencia local pone en riesgo la implementación y que conviene aplazar la siguiente elección hasta 2028.
La jornada del 1 de junio de 2025 se vendió como “el pueblo elige a sus jueces”. Acudió apenas el 13% del padrón, hubo un récord de votos nulos y las listas inducidas —los llamados acordeones— marcaron el resultado en los cargos más visibles. Organizaciones y reportes posteriores documentaron captura partidista, perfiles impulsados por comités del Ejecutivo y gobernadores que, en palabras del propio Corral, “pusieron a quien quisieron”. En pocas palabras: se perdieron especialistas y quedaron “jueces del Bienestar” alineados y fieles a Morena. Esa etiqueta es opinión; el dato del 60% y la baja participación no lo son.
La ironía es brutal. Un morenista denuncia el vacío técnico que dejó la reforma que Morena impuso a marchas forzadas en 2024. Si el diagnóstico viene de adentro y aun así el discurso oficial insiste en que “el pueblo ya ganó”, el problema no es de comunicación: es de diseño. Una justicia familiar no se improvisa con lealtad de facción. Se improvisa, sí, el costo: expedientes más lentos, menos pericia y una ciudadanía que votó poco porque el experimento era opaco, largo y ajeno. Democratizar el Poder Judicial no puede significar vaciarlo de oficio.