CDMX.- La Cámara de Diputados no logró consenso este 3 de noviembre para aprobar la convocatoria que elegirá a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador de Morena, atribuyó el retraso a ocho propuestas del PAN —lideradas por Elías Lixa— que buscan transparentar evaluaciones, permitir vigilancia ciudadana y eliminar los llamados “superpoderes” de la Presidencia, para evitar que sigan las “cuotas de poder” y los “agandalles”. Monreal dijo que seguirá buscando acuerdos, pero el proceso —que pretende designar a una mujer para ocupar el cargo hasta alrededor de 2032— se mueve bajo el control de la mayoría morenista que en 2023 designó por tómbola a Guadalupe Taddei.
El contexto no ayuda a disipar las sospechas. Taddei renunció formalmente el 26 de octubre tras escándalos de presuntos conflictos de interés y contratos millonarios con proveedores vinculados a su entorno (investigados por la ASF y otros órganos), que incluyeron triangulaciones y empresas con poca capacidad aparente. En paralelo, el INE reportó la salida de 30 funcionarios de su estructura ejecutiva y mandos de primer nivel: la mayoría adscritos a la oficina de la expresidenta (incluido su jefe de Oficina), más tres direcciones de área. Los diez consejeros restantes revisan ahora funciones y contrataciones recientes de forma colegiada. Diputados del PAN, como Kenia López, han recordado audios que muestran a Taddei y su grupo actuando como “dueños” del instituto.
La crítica es directa: la misma fuerza política que colocó a Taddei y concentró facultades extraordinarias en su gestión ahora conduce el relevo, mientras se purga su círculo cercano. Sin garantías reales de independencia —más allá de las promesas de diálogo de Monreal—, el aplazamiento y las salidas masivas no restauran confianza; solo evidencian que el INE sigue siendo terreno de disputa partidista. La oposición pide que Morena “saque las manos”, pero con la mayoría en San Lázaro el proceso puede resolverse por mayoría o, de nuevo, por mecanismos que favorezcan a quien controla los votos. La democracia electoral mexicana paga el precio de esa captura.
