CDMX.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, con 349 votos a favor y 92 en contra, los cambios del Senado a la Ley del ISR para 2027. El discurso oficial habla de reforzar la recaudación y frenar irregularidades, pero el corazón del dictamen es otro: exceptúa del nuevo tope a deducciones y pérdidas fiscales (que aplica a empresas con ingresos mayores a 50 millones de pesos) a las armadoras que operan bajo el régimen de depósito fiscal para ensamble y fabricación de vehículos, y a las gasolineras con permiso vigente.
La propuesta original del gobierno buscaba limitar esas deducciones precisamente para combatir la evasión y la elusión. En el Senado, sin embargo, Morena y aliados metieron la reserva que excluye a dos sectores con peso político y económico: la automotriz terminal (que representa alrededor del 4% del PIB y es clave en exportaciones) y las estaciones de servicio. La justificación oficial es que sus operaciones se parecen a las de las maquiladoras —ya exceptuadas— y que el trato diferenciado evita golpear competitividad e inversiones. La oposición lo vio distinto: legislan “en lo oscurito”, dejan fuera a autopartes, distribuidores de autos y gas LP, y aplican la misma regla a quien evade y a quien tiene costos altos reales.
En la práctica, el mensaje es claro: se aprieta el control fiscal donde conviene y se afloja donde hay empleos, divisas y poder de lobby. No es un privilegio generalizado, como dicen los morenistas, pero tampoco es el combate parejo y contundente a la elusión que se vende. Mientras el resto de las empresas medianas y grandes enfrentarán topes más estrictos a partir de 2027, las grandes armadoras y gasolineras quedan fuera del esquema. La SHCP asegura que no mermará la recaudación porque ya se contemplaba algo similar, pero el precedente queda: cuando el sector es estratégico, las reglas duras se ajustan.