CDMX.- A 24 días de la renuncia formal de Guadalupe Taddei (26 de octubre), la Cámara de Diputados sigue sin emitir la convocatoria para designar a quien complete el periodo 2023-2032 al frente del Consejo General del INE. El PAN, encabezado por Elías Lixa, presentó un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía ante la Sala Superior del TEPJF contra la Jucopo y la propia Cámara por omisión. Ricardo Monreal respondió que se trata de “protagonismo fugaz político” y calculó que, si el Tribunal ordena la convocatoria, la nueva presidenta no llegaría antes de finales de enero.
El contexto es más grave de lo que el choque parlamentario deja ver. Taddei salió en medio de investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control del INE y ahora la FGR por posibles conflictos de interés, simulación de competencia y contratos millonarios con empresas vinculadas a proveedores cercanos a su entorno, entre ellos José Alfredo Hernández Casillas. Blanca Yassahara Cruz García asume la presidencia provisional desde el 27 de octubre, designada por el propio Consejo General. Mientras tanto, consejeras como Carla Humphrey advierten que, si no hay acuerdo antes de que termine el año, el propio INE tendrá que definir quién continúa al frente de manera interina.
Morena controla la Jucopo y la mayoría en San Lázaro. Rechazó tres de las ocho propuestas del PAN orientadas a mayor publicidad y criterios técnicos, y dentro de la bancada guinda hay quienes prefieren aplicar la mayoría y quienes aún hablan de consenso. Monreal ha reconocido la frustración por no lograr un acuerdo y ahora usa el recurso del PAN como justificación para posponer. Del otro lado, Lixa acusa “tortuguismo” y dilación constitucional, y presenta el juicio precisamente cuando se agotó el diálogo que él mismo impulsó. El resultado previsible es el que Monreal ya anticipa: más tiempo, más interinato y una designación que, de llegar por mayoría pura, nacerá con el sello de imposición.
Ambas estrategias tienen el mismo efecto práctico: mantienen al árbitro electoral en provisionalidad a poco más de 200 días de las elecciones de 2027. Morena dilata porque puede; el PAN judicializa porque no tiene otra palanca. Ninguno de los dos está priorizando la reconstrucción de credibilidad de un órgano que acaba de salir de un escándalo de contrataciones. Un proceso transparente, con Comité Técnico creíble y voto que no dependa exclusivamente de la mayoría, sería la vía para que la sucesora de Taddei no herede la sospecha de “árbitro a modo”. En cambio, lo que se está construyendo es un INE debilitado cuyo nombramiento será leído, inevitablemente, como botín político. La independencia del órgano electoral no se defiende ni con retrasos calculados ni con recursos de última hora; se defiende —o se pierde— en la forma en que se elige a quien lo encabeza.



