CDMX.- En menos de una semana, la minuta impulsada por Claudia Sheinbaum —que exige nacionalidad mexicana exclusiva para la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno— sumó el aval de al menos 20 congresos locales, por encima de los 17 que pide el artículo 135. El Senado la había aprobado el 29 de septiembre con 86 votos a favor y 42 en contra; Diputados lo hizo el 22, con 344 a favor. Modifica los artículos 82, 116 y 122: quien quiera registrarse deberá ser mexicano por nacimiento y renunciar a cualquier otra nacionalidad. El régimen transitorio la deja para el proceso de 2028, no para las gubernaturas de 2027.
El discurso oficial habla de soberanía y de “una sola bandera”. En la práctica es un filtro selectivo. No toca a legisladores, jueces ni al resto del aparato; solo a quienes encabezan el Ejecutivo. Deja fuera, o los obliga a desprenderse de otra ciudadanía, a millones de mexicanos nacidos o naturalizados en Estados Unidos que ya votan y pagan impuestos. La oposición lo calificó de chauvinismo de ocasión; el bloque oficialista lo pasó con mayoría calificada y sin un solo voto de la oposición. Si la lealtad se mide por el pasaporte y no por la conducta, el criterio es más propagandístico que constitucional.
