Jalisco.- Danae Martínez, representante de Morena ante el IEPC de Jalisco, pidió medidas cautelares para que el instituto retire de inmediato las lonas colocadas el 8 de noviembre por el colectivo apartidista XiudadanosMx en 11 puntos de Guadalajara (avenidas Vallarta, Lázaro Cárdenas y puentes peatonales como Concentro y Los Cubos). Los mensajes —“Narco Morena es Corrupción” y “¡Fuera Morena, narcos y corruptos!”— denuncian presuntos nexos con el crimen organizado, citando casos como Sinaloa donde hay videos, fotos y testimonios de financiamiento de campañas y colocación de aliados. Martínez argumentó que “nos afecta para el proceso electoral” y habló con el secretario ejecutivo para bajarlas cuanto antes; en el video, el overlay del reportaje señala la amenaza de cárcel a quien los acuse de narcopartido.
La reacción revela más que una queja formal. En lugar de desmentir con pruebas los señalamientos que XiudadanosMx y otros han reiterado (y que ya motivaron denuncias similares en Querétaro por lonas de “MORENA NARCOPARTIDO”), el partido recurre a la autoridad electoral para silenciar la crítica en plena víspera de comicios. El mismo patrón se repite cuando las acusaciones de colusión con el narco se vuelven visibles: no se investiga ni se transparenta, se pide que se bajen las lonas. Mientras Morena presume combatir al crimen, su respuesta prioritaria es la censura cautelar, no la evidencia.
Esto no es defensa de la equidad electoral; es intolerancia a la expresión pública que cuestiona la impunidad. Si las acusaciones fueran solo calumnia vacía, bastaría con rebatirlas. Optar por medidas para retirar mensajes ciudadanos en la vía pública, con el riesgo de criminalizar la crítica, confirma que el partido se siente vulnerable precisamente donde más se le señala: en los presuntos vínculos que no ha aclarado.