CDMX.- Mike Peñaflor, activista panista y ciudadano de a pie, recibió este lunes la notificación del INE por una queja de Morena que lo acusa de calumnia electoral simplemente por llamarlos #NarcoPartido en redes. En el video que subió muestra el acuse de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y deja claro que no se callará: defiende su derecho a opinar hasta las últimas instancias.
No es la primera vez que el partido en el poder usa al árbitro electoral para limpiar el lenguaje: hace apenas meses el mismo INE ordenó al PAN y al PRI retirar decenas de publicaciones que usaban el mismo término, alegando “falta de sustento fáctico”. Pero aquí el blanco es un particular. Según criterios reiterados del TEPJF, la calumnia electoral aplica de forma ordinaria a partidos, coaliciones y candidatos; los ciudadanos no son sujetos habituales de esa infracción, y una denuncia contra alguien que no hace propaganda formal ni ostenta cargo de elección ni siquiera debió admitirse.
Esto no es justicia electoral: es intimidación disfrazada de procedimiento. Mientras abundan señalamientos públicos —incluidas acusaciones de autoridades estadounidenses contra gobernadores y operadores de Morena por nexos con el crimen organizado—, el partido que controla el poder y sus aliados en el INE prefieren perseguir la palabra incómoda antes que enfrentar el fondo. Callar a un ciudadano por una etiqueta es el paso más corto hacia la censura generalizada. Peñaflor tiene razón: la libertad de expresión no se negocia.