Análisis.— Morena ha logrado en menos de 12 años un dominio institucional sin parangón en la historia democrática de México: control de la Presidencia, supermayorías en el Congreso federal y la mayoría de los locales, 23 de 32 gubernaturas, miles de municipios y un avance sistemático sobre el Poder Judicial y órganos electorales. Este no es un triunfo puramente democrático. Según imputaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y testimonios de narcotraficantes en cortes estadounidenses, Morena contó con el respaldo activo y la intervención directa del crimen organizado en elecciones clave. El narco actuó como maquinaria electoral: secuestrando rivales, amedrentando votantes, usurpando urnas y eliminando oposición a cambio de protección e impunidad.

El Dominio Electoral: Cifras que Ocultan la Intervención

2018: Andrés Manuel López Obrador ganó con 53.2% de los votos.
2024: Claudia Sheinbaum obtuvo entre 59% y 61%. Morena y aliados lograron supermayorías en el Congreso (alrededor del 73% de escaños en Diputados) y consolidaron el control territorial.

Estos números proyectan un apoyo masivo. Sin embargo, en regiones estratégicas del Pacífico y otras plazas calientes, ese “apoyo” fue distorsionado por la intervención criminal. El crimen organizado no inventó a Morena, pero fue decisivo para consolidar su mapa de poder eliminando competencia y blindando triunfos donde controlaba territorio, plazas, presupuestos y policías locales, zonas que incluso todavía controlan hoy.

La Captura del Estado

Morena ha impulsado reformas que concentran poder de forma inédita: elección popular de jueces, debilitamiento del INE, control de órganos autónomos y rol expandido de las Fuerzas Armadas. Lo que se vende como “democratización” resulta en un control hegemónico del aparato estatal, similar al PRI pero en tiempo récord con la ayuda activa del narco.

La Alianza con el Narco: Evidencia Judicial Irrefutable

En abril de 2026, el Departamento de Justicia de EE.UU. imputó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), a un senador (Enrique Inzunza) y a otros ocho funcionarios por conspiración con el Cártel de Sinaloa, específicamente “Los Chapitos”.

La acusación es explícita: Los Chapitos ayudaron directamente a Rocha a ganar la gubernatura en 2021 mediante secuestros, intimidación y eliminación de rivales políticos. A cambio, Rocha se reunió con líderes del cartel, prometió y otorgó protección, impunidad y control operativo, permitiendo el flujo masivo de fentanilo y otras drogas a EE.UU. Se documentan pagos y colocación de operadores afines.

Estos cargos se sustentan en testimonios de narcotraficantes detenidos y cooperantes en cortes estadounidenses, evidencia de la DEA y fiscales de Nueva York. Rocha niega los hechos y Morena los califica de injerencia. Pero el caso revela un patrón: el narco intervino directamente en procesos electorales de Morena, amedrentando votantes, usurpando casillas y secuestrando opositores, incluso el día de la votación, como han declarado testigos protegidos en EE.UU.

En las elecciones de 2024 se registraron 889 víctimas de violencia política y al menos 39 candidatos asesinados, un aumento de más del 200% respecto a 2021. Organizaciones como Integralia, Data Cívica y Laboratorio Electoral documentan intervenciones sistemáticas del narco en niveles municipales: robo de urnas, intimidación masiva y asesinato selectivo de candidatos incómodos.

Testimonios de capos del Cártel de Sinaloa y otros grupos señalan apoyo logístico y financiero a campañas morenistas en Sinaloa, Guerrero, Michoacán y regiones similares. Sin esta intervención directa en plazas controladas por el crimen, el dominio territorial de Morena sería considerablemente menor.

Y lo más grave es que antes del caso Rocha Moya, los narcotraficantes ya habían financiado campañas del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, quien ya como presidente les cumplió con creces al decretar el “abrazos no balazos” que tendió un manto de impunidad sobre el narcotráfico y el crimen organizado.

Hoy sabemos por declaraciones ministeriales en cortes de los Estados Unidos, que desde Sinaloa —a través del ya gobernador Rubén Rocha Moya— también llegaron recursos a la campaña de la entonces candidata de Morena, Claudia Sheinbuam —quien hoy como en su momento lo hizo AMLO— está pagando con protección el apoyo recibido, al grado de que la presidenta ha emprendido una confrontación contra Estados Unidos para evitar que se lleven a los narco políticos de Morena, que por ahora son nueve, pero que se sabe de una lista sonde aparecen al menos cuatro gobernadores más y una pléyade de funcionarios de diversos niveles de gobierno, todos de la Cuarta Transformación.

El Temor a 2027

Sheinbaum y Morena enfrentan las intermedias de 2027 con alta tensión. Han impulsado mecanismos para anular elecciones por “injerencia extranjera” mientras sus cuadros enfrentan imputaciones directas. La presión de EE.UU., enfocada en el fentanilo, expone lo que la justicia mexicana ha sido lenta en investigar.

Conclusión

Morena es el partido más potente de la historia reciente de México por su capacidad de concentración de poder. Pero su ascenso no fue un fenómeno orgánico limpio. Contó con el respaldo activo del crimen organizado: dinero sucio, balas, secuestros y terror para imponer candidatos, amedrentar votantes y asegurar victorias en regiones clave.

La Justicia de Estados Unidos, mediante imputaciones basadas en testimonios de narcotraficantes en cortes federales, ha documentado esta realidad. Llamarlo “éxito legítimo” ignora el rastro de violencia y los pactos oscuros. México enfrenta una verdad incómoda: sin la intervención directa del narco en elecciones clave, Morena no sería hoy lo que es. Para 2027, esta grieta puede convertirse en abismo. La premisa es clara: este no es un partido de regeneración; es un proyecto de poder híbrido entre voto manipulado y captura criminal. Ignorarlo no es análisis; es complicidad.

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