Morena, entre la lealtad partidista y las sombras del narco: El caso Hilda Brown expone las grietas del discurso anticorrupción
icardo Monreal asegura que el partido no actuará hasta que la FGR investigue, mientras la UIF ya bloqueó cuentas de la diputada
CDMX.- En un escenario que parece sacado de una novela de intriga política, Morena se enfrenta a un nuevo capítulo de su relación con el crimen organizado, esta vez protagonizado por la diputada Hilda Brown, cuya inclusión en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa ha puesto en jaque la narrativa de transparencia y combate a la corrupción que el partido ha intentado proyectar. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, respondió a la crisis con una declaración que resume la postura oficial: “Nos sometemos al Estado nacional, no a gobiernos extranjeros”. Sin embargo, detrás de estas palabras se esconden preguntas incómodas que el partido parece no querer responder.
El caso de Hilda Brown no es un episodio aislado. Según el Departamento del Tesoro, la diputada habría actuado como intermediaria entre el cártel de Sinaloa y figuras políticas locales durante su gestión como alcaldesa de Rosarito, Baja California. Esta acusación, que incluye el congelamiento de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana, no solo pone en duda su integridad, sino que también cuestiona la capacidad de Morena para limpiar sus filas de elementos corruptos o vinculados al narco. Y es aquí donde la respuesta de Monreal adquiere un tinte preocupante: mientras Estados Unidos actúa con base en evidencias que considera suficientes, México parece preferir esperar a que la Fiscalía General de la República (FGR) se pronuncie, un proceso que, en el mejor de los casos, podría demorarse indefinidamente.
Esta postura no es nueva. Morena ha sido criticada en el pasado por su aparente tolerancia hacia figuras controvertidas dentro de sus filas, argumentando que la presunción de inocencia debe prevalecer. Sin embargo, en un país donde la impunidad es la norma y la corrupción sistémica una realidad, esta línea de defensa suena cada vez más a excusa. La solicitud de desafuero presentada por Movimiento Ciudadano contra Brown permanece estancada, y la falta de acción decidida por parte de Morena refuerza la percepción de que el partido protege a los suyos, incluso cuando las acusaciones provienen de instancias internacionales con reputación de rigor.
El discurso de Monreal, aunque técnico, deja entrever una contradicción fundamental: por un lado, se presenta como defensor del Estado de derecho; por otro, ignora las implicaciones de que un gobierno extranjero, con acceso a información que México quizás no tiene, señale a una de sus diputadas como parte de una red criminal. ¿Es realmente posible que Morena se someta solo al “Estado nacional” cuando este mismo Estado ha demostrado ser permeable a influencias delictivas? La respuesta, por ahora, parece ser un silencio incómodo.
En un contexto donde la lucha contra el narco y la corrupción debería ser una prioridad, el caso de Hilda Brown no solo expone las debilidades de Morena, sino también las del sistema judicial mexicano, que sigue siendo rehén de intereses políticos. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo cómo un partido que llegó al poder con promesas de cambio se enreda en las mismas prácticas que juró erradicar. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿hasta dónde está dispuesto Morena a llegar para proteger a los suyos, incluso a costa de su credibilidad?