CDMX.- Guadalupe Taddei renunció el 26 de octubre a la presidencia del INE, acorralada por una cascada de señalamientos de conflicto de interés, triangulación de recursos y contratos millonarios con proveedores cercanos —entre ellos José Alfredo Hernández Casillas y empresas como Cajas Graf y Corporativo Zeg—, que la ASF investiga de oficio y que el Órgano Interno de Control del propio instituto ya examina. Morena la colocó ahí en 2023 y, en octubre de 2024, el senador Pável Jarero impulsó (en una reserva de madrugada y fast-track) la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que le dio facultades unipersonales para nombrar y remover directores ejecutivos y unidades técnicas sin aval del Consejo General: los llamados “superpoderes” que concentraron el poder y facilitaron la red que ahora estalló. El consejero Arturo Castillo la calificó de “crisis de carácter histórico y de dimensiones gigantescas”.
Lejos de asumir, los morenistas se atrincheran. Jarero declara sin arrepentimiento que la reforma fue “correcta” para evitar “controversias internas” y dar funcionalidad al árbitro; Óscar Cantón la defiende con el mismo pretexto; otros minimizan los cuestionamientos como “linchamiento”. Y Ariadna Montiel, dirigente nacional, cierra el círculo con la frase más cínica: “No tenemos que hacernos responsables de lo que no nos corresponde ni nos toca”. El tema del INE, dice, no es de Morena.
Esa desconexión es la mentira más burda. Ellos la impulsaron, la apuntalaron y le entregaron el control administrativo del árbitro electoral justo cuando se avecinaba el proceso 2026-2027. Concentrar poder en una sola persona, eliminar la colegialidad y luego pretender que la corrupción resultante es un asunto “individual” es el manual clásico de quien usa las instituciones y después las abandona. No es que “no les toque”: es que les queda perfectamente y prefieren el deslinde rápido antes de que la investigación alcance a quien diseñó el instrumento.