CDMX.- Miguel Alfonso Meza, fundador de la plataforma Narcopolíticos —que documenta presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado—, denunció que en la última semana le inhabilitaron por completo sus cuentas de Facebook, Instagram, WhatsApp y X. Según explicó en un comunicado, se trata de un ataque coordinado y financiado por actores políticos: una investigación privada que él mismo contrató identificó a un hacker con iniciales EBU, una dirigente local de Morena con iniciales AAC y un dirigente nacional del mismo partido con iniciales AMH. Anunció que en los próximos días presentará denuncia ante la Fiscalía General de la República.
No es la primera vez. Meza ya había enfrentado órdenes de tribunales electorales para disculparse y borrar publicaciones sobre Silvia Rocío Delgado, la jueza de Chihuahua que fue abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, además de la eliminación permanente de su Instagram. Aquellas sanciones fueron finalmente revocadas por el TEPJF, que reconoció el derecho a la crítica sobre perfiles públicos. Ahora el golpe es más sofisticado y costoso, justo cuando Narcopolíticos ha exhibido decenas de casos de supuestos narcopolíticos, varios de ellos del partido en el poder.
La ironía es brutal: el mismo partido que impulsa regulaciones para “ordenar” las redes sociales resulta señalado de pagar hackers para callar a quien saca a la luz sus puntos más oscuros. Si las acusaciones de Meza se confirman, no estamos ante un simple ciberataque, sino ante una operación de censura desde el poder que revela hasta qué punto la narrativa de la transformación se desmorona cuando alguien se atreve a documentar sus alianzas más comprometedoras.
