CDMX.- El senador Óscar Cantón Zetina, vicecoordinador de Morena, planteó revisar la reforma de 2024 que acabó con la colegialidad en el INE —la que permitió a la presidencia nombrar a discreción a directores y titulares de unidades técnicas— si no produce un órgano transparente y respetable. Aclaró que cualquier cambio no aplicaría para 2027 y exigió una depuración a fondo: de comprobarse responsabilidades, Guadalupe Taddei y sus colaboradores deberían ir a prisión. Al mismo tiempo, el Consejo Coordinador Empresarial pidió a la Cámara de Diputados un proceso abierto, técnico e independiente para elegir a la nueva presidencia del instituto, de cara a unas elecciones de 2027 en las que se renovarán más de 19 mil cargos.
El cinismo es evidente. Fue Morena quien, en octubre de 2024, insertó en las leyes secundarias de la reforma judicial las modificaciones al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que concentraron el poder en una sola persona. Taddei, llegada por el mecanismo de insaculación que el oficialismo controlaba, usó esas facultades. Las investigaciones periodísticas y la Auditoría Superior de la Federación apuntan a contratos millonarios —incluyendo adjudicaciones directas por casi 200 millones de pesos a empresas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas, con quien mantenía relación personal— y posibles conflictos de interés. Renunció el 26 de octubre. Ahora, con el daño hecho y Blanca Cruz como presidenta provisional, algunos en Morena hablan de prisión y de “corregir”, pero insisten en que las reglas actuales sirvan para 2027.
El problema no es solo Taddei. Es el diseño institucional que Morena aprobó para debilitar contrapesos y que hoy, ante el escándalo, pretende maquillar sin asumir el costo político completo. El llamado del CCE a privilegiar perfiles técnicos e independientes no es retórica empresarial: es el reconocimiento de que la confianza en el árbitro electoral está severamente dañada justo cuando se acerca el proceso electoral más grande de los últimos años. Si la colegialidad se restaura solo en el papel y el control político sobre el INE se mantiene, la depuración que pide Cantón será solo un gesto.
