CDMX.- Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, confirmó que el partido investiga a Rubén Rocha Moya y no descarta un procedimiento interno que podría terminar en su expulsión. El motivo: su decisión unilateral de retomar la gubernatura de Sinaloa el 21 de agosto, tras 112 días de licencia por las acusaciones de Estados Unidos que lo señalan por nexos con una facción del Cártel de Sinaloa. “No compartimos esa decisión… los órganos internos decidirán”, dijo Hernández, empujando el asunto a la Comisión de Honestidad y Justicia.
El episodio fue un desastre en cadena. Rocha anunció su regreso “con la frente limpia”, citando que la FGR no halló elementos suficientes, pero Sheinbaum y la cúpula de Morena se deslindaron de inmediato: no fueron consultados y lo consideraron un movimiento personal que dañaba la imagen del gobierno. Menos de 34 horas después, el gobernador pidió otra licencia indefinida. El Congreso local nombró entonces a Graciela Domínguez, su exsecretaria de Educación, como interina hasta 2027.
Lo que queda es el mismo patrón de siempre: licencia cuando aprieta la presión, regreso cuando cree que pasó la tormenta, y amenaza de expulsión solo cuando el escándalo ya manchó a la presidenta y al partido. Mientras las carpetas de la FGR siguen abiertas y Washington mantiene sus señalamientos, Morena actúa tarde, a regañadientes y con más cálculo político que principio. La “honestidad y justicia” llega cuando el daño ya está hecho.