CDMX.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general, con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención —la de Olga Sánchez Cordero—, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que la oposición ya bautizó como “ley antimemes”. El dictamen, enviado por Claudia Sheinbaum, toca el artículo 114 Octies y suma los 114 Nonies y 232 Septies. Ajusta el llamado “puerto seguro”: los proveedores de internet dejan de quedar blindados de oficio y, para no responder por lo que circula en sus redes, deberán tener políticas públicas para cortar el servicio a infractores reincidentes y retirar contenidos señalados. Si no lo hacen, el IMPI puede multarlos con hasta 40 mil UMA, alrededor de 4.6 millones de pesos. El bloque oficialista dice que se trata de piratería y de obras alteradas con inteligencia artificial. El texto no menciona memes ni prohíbe la sátira. El problema es otro: empuja a las plataformas a borrar primero y preguntar después.
La etiqueta no salió de la nada. En el Senado ya pasó, con 72 votos contra 34, otra reforma al Código Penal y a la Ley de Propiedad Industrial que castiga con uno a cinco años de prisión el uso a escala comercial de logotipos, dominios o identidad gráfica oficial para inducir a error o fraude. Sheinbaum la llamó “una absoluta mentira” y Luisa Alcalde insistió en que no tiene nada que ver con memes. El artículo exige ánimo de engaño y fin comercial, no un cartón político. Aun así, el PRI, el PAN y MC advierten que la suma de ambas piezas —multa millonaria al intermediario y tipo penal abierto sobre símbolos de gobierno— arma una pinza útil contra quien se burle de Andy López Beltrán, Rubén Rocha Moya o cualquier otro nombre incómodo. Mario Zamora, del PRI, lo resumió en el pleno: puedes ir a la cárcel por un meme y no te investigan por pactar con el narco.
No es un delito nuevo de humor. Es algo más cínico. La mayoría de Morena y aliados metió en fast track una reforma de derechos de autor —aprobada en comisión el 29 de septiembre con 18 votos contra seis y hoy en lo general, todavía pendiente de lo particular— mientras la inseguridad, las fosas y los expedientes de huachicol siguen sin dueño. El riesgo real no está en el artículo que no existe, sino en el que sí: un intermediario con multa de millones prefiere tumbar la parodia antes que pelearla. Censura por procuración, disfrazada de propiedad intelectual.
