CDMX.- Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila, vicepresidente de la Cámara de Diputados y vocero de la bancada de Morena, pidieron crear una Comisión Especial para rastrear financiamiento extranjero, injerencia digital y operaciones automatizadas de desinformación rumbo a los procesos electorales. La instancia, según ellos, sería plural, temporal y no dictaminadora; su trabajo sería diagnosticar propaganda digital, mapear redes coordinadas y proponer leyes. El discurso suena impecable. El problema empieza cuando se mira quién lo pronuncia y para qué lo necesita el partido que ya controla San Lázaro.
No es un hallazgo de última hora. Gutiérrez Luna lleva meses acusando a “la derecha” de comprar granjas de bots en Filipinas, India, Argentina y España, y de inyectar “dinero ilícito” para fabricar tendencias. Ávila, por su parte, ha señalado a operadores como Fernando Cerimedo y Javier Negre, y los ha vinculado con una ofensiva digital contra el gobierno. Hay un riesgo real de manipulación en redes; eso no se discute. Lo que sí se discute es que el oficialismo convierta esa amenaza en un instrumento político: una comisión del Congreso mayoritario para decidir quién financia, quién opera y con qué propósito se mueve la conversación pública.
La crítica dura no es contra investigar bots. Es contra fingir neutralidad. Gutiérrez Luna no llega como árbitro técnico: es el operador electoral de Morena, el mismo que ha usado la maquinaria institucional contra críticos y contra el propio INE cuando le estorba. En X ya se leyó el movimiento como lo que parece: preparar el terreno para etiquetar como “injerencia” la crítica incómoda y dejar fuera de foco las redes propias. Si de verdad importara la integridad electoral, la primera pregunta no sería cuántos bots hay en la oposición. Sería por qué el poder quiere otra lupa... y quién la va a apuntar.