CDMX.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que el partido buscará modificar la ley después de las elecciones de 2027 para limitar las facultades de la presidencia del INE y devolver la toma de decisiones colegiada al Consejo General. Esos llamados “superpoderes” —la facultad de designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin el aval del Consejo General, que antes exigía ocho de once votos— se los otorgó el propio bloque morenista en octubre de 2024. La reserva que alteró el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la impulsó el senador Pável Jarero durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial.
La hipocresía es evidente y reciente. Monreal negó durante semanas que aquello hubiera sido un error y lo justificó como una medida “coyuntural”. Hoy, tras la renuncia de Guadalupe Taddei el 27 de octubre en medio de señalamientos por posibles conflictos de interés y contrataciones bajo investigación (vinculadas a más de mil 800 millones de pesos), presenta la reversión como una exigencia de colegiación. La corrección, sin embargo, queda convenientemente para después de 2027, cuando el daño institucional ya esté consumado y el proceso electoral en marcha impida cambios inmediatos por mandato constitucional.
No hay mea culpa. El mismo partido que concentró poder en la presidencia del INE, que la utilizó para nombramientos cuestionados y que defendió a Taddei hasta que el escándalo la expulsó, ahora se presenta como el arquitecto de la solución. Mientras tanto, el Instituto sigue con una presidenta interina y sin consenso para designar a la titular permanente. La confianza en el árbitro electoral no se restaura con reformas tardías ni con el grupo que primero rompió los contrapesos internos y después se lava las manos de cara a 2027. El daño ya está hecho.



