CDMX.- El diputado de Morena Carlos Ignacio Mier Bañuelos impulsó dos iniciativas de reforma constitucional para que los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sean electos por voto directo. Hoy el fiscal general lo designa el Senado a partir de una terna presidencial y el auditor superior lo elige la Cámara de Diputados con mayoría calificada. El legislador argumenta que la “legitimidad democrática” complementaría la capacidad técnica y la autonomía, y se apoya expresamente en la reforma al Poder Judicial que en 2025 impuso la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Esa misma reforma judicial ya exhibió sus límites: denuncias documentadas de distribución masiva de “acordeones”, quejas de magistrados del TEPJF sobre estrategias coordinadas para inducir el voto y la validación final del proceso pese a las impugnaciones. Extender el mismo mecanismo a quienes investigan delitos y fiscalizan el gasto público no es un avance de participación ciudadana; es la aplicación deliberada de un modelo que demostró ser permeable a la maquinaria partidista y a la desinformación electoral.
La pretensión de que el sufragio universal fortalecerá la independencia de la FGR y la ASF es una falacia política. Estos cargos existen precisamente para controlar al poder, no para competir por popularidad en un entorno de hegemonía electoral. Cuando el partido gobernante controla las estructuras que organizan, financian y comunican la contienda, el “voto ciudadano” se convierte en el instrumento más eficaz para colocar perfiles afines y neutralizar cualquier fiscalización o investigación incómoda. No es democratización: es captura institucional disfrazada de legitimidad.



