Sonora.- Judith Armenta, dirigente estatal de Morena en Sonora, confirmó que un aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación fue señalado ante el IEEyPC por presuntos actos anticipados de campaña. No dio el nombre. Horas después, Michelle Rivera lo identificó: Javier Lamarque, alcalde con licencia de Cajeme, uno de los seis registrados en junio para ese cargo interno que, en la práctica, sirve de trampolín rumbo a 2027. La queja, según reportes locales, apunta a anuncios espectaculares; Lamarque se deslinda y dice que sabía que estaban prohibidos. El expediente ya está en el instituto.
El contraste es brutal. Durante meses, Armenta y Morena Sonora amenazaron con denunciar al PAN y al alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, por recorridos y bardas. El propio IEEyPC venía diciendo que no había denuncias formales. Ahora la primera que aparece no es contra la oposición: es contra un morenista con licencia, tres veces alcalde, perfil fuerte junto a Lorenia Valles. El proceso electoral formal arranca en septiembre; las campañas, hasta 2027. Usar espectaculares y recorrer el estado bajo el paraguas de “comités de defensa” no es ingenuidad: es adelantar la carrera con el reloj oficial todavía detenido.
Morena no puede exigir equidad cuando uno de sus punteros ya está en el escritorio del árbitro. Si la denuncia procede, no será un accidente de un militante suelto: será la prueba de que el partido aplica una vara para los demás y otra para los propios. Lamarque tiene derecho a defenderse; el instituto, a investigar sin temblor. Lo que no cabe es el discurso de pureza cuando el primer golpe legal del proceso les cayó adentro.